El polémico caso de una madre de familia que denunció que un colegio privado de Valledupar le negó el cupo de guardería para su hijo de dos años con síndrome de Down, llama la atención de la comunidad sobre las barreras que pueden encontrar los niños y jóvenes con problemas cognitivos o físicos (con síndrome de Down, autistas, con trastornos motores o auditivos, con problemas de atención, entre otras patologías) que desean llevar una vida lo más normal posible.
Al respecto, la psicopedagoga Alcira Vitola Mercado, aseguró que la institución que niegue un cupo a un estudiante con condición especial va en contra de la normatividad, teniendo en cuenta que el decreto 1421 del 29 de agosto del 2017, reglamenta la prestación del servicio educativo para las personas con discapacidad; desde el acceso, la permanencia y la calidad, para que los niños puedan transitar por la educación desde primera infancia hasta educación superior o educación para el trabajo y el desarrollo humano.
“Los niños con cualquier tipo de discapacidad, incluso los niños con enfermedades mentales con tratamiento médico, tienen el derecho de estudiar en aulas regulares. El colegio debe brindarles garantías como trabajo de sensibilización de aceptación de los otros estudiantes y de los profesores para evitar el bullying y manoteo; también les exige tener profesionales idóneos para potencializar sus habilidades, lo cual implica un trabajo psicológico, de la mano con la familia. Los colegios deben ajustar o adaptar sus currículos para que estos niños puedan avanzar con guías o actividades personalizadas”, explicó.
Por su parte, la educadora especial del Idreec, Liliana Chinchilla Torres, manifestó que cuando una institución asume la responsabilidad de recibir un niño que viene con un diagnóstico de su neurólogo, se explican las deficiencias de aprendizaje y debe tener el personal preparado para que pueda trabajar con el niño a su ritmo.
“Un niño con problemas de lecto-escritura, por ejemplo, que se integra a una escuela regular no aprende como un niño “normal”, por lo que hay que valerse de muchas estrategias para trabajar con el pequeño como: el canto, fonomímica, el dibujo, entre otras, en aras de lograr las metas propuestas para él”, explicó.
Si el estudiante tiene problemas de atención, sugiere hacerle un test para descubrir qué es lo que le perturba. Allí los profesionales deben ser creativos para mantener concentrados a los niños; otros deben ser manejados con la ayuda del neurólogo, que le suministra medicamentos para mejorar la atención.
“El niño que va demostrando que a nivel de lectoescritura va avanzando lentamente y que puede adquirir habilidades para la lectura o para operaciones matemáticas se les recomienda que lo integren en una institución regular, avalada por el Ministerio de Educación, que tenga el personal adecuado, y a los otros estudiantes deben ser sensibilizados para aceptar la diferencia de las personas. De acuerdo a su condición y habilidades, uno ubica al niño sea para integrarlo o para que inicie un tratamiento terapéutico”, argumentó.
Agregó que “cuando el niño no reúne las aptitudes o condiciones, porque su retardo mental no le permite aprendizaje, debe estar en una institución especial, donde él se sienta e su ambiente, con profesionales terapéuticos (de lenguaje, terapia ocupacional y psicólogos), que lo ayuden a mejorar su comportamiento social, donde avanza lentamente, y les permitan descubrir sus capacidades. La educación especial prepara al niño para que pueda adecuarse a un aula, a una institución, a una habilidad; es la que lo lleva a poderse adaptar. La institución se encarga de enseñarle un concepto y la materia como tal”.
Una docente del municipio, que prefirió reservar su nombre, dijo que en las escuelas el número de estudiantes por aula puede llegar hasta 40 o 45, de modo que atender de manera particular a un niño con necesidades especiales resulta complicado. “Más que buena voluntad y preparación se requieren tener garantizadas las condiciones de infraestructura necesarias para hacerlo”, señaló.
Voz del municipio
Ante el caso que se presentó en la capital del Cesar, el secretario de Educación Municipal, Luis Carlos Matute De La Rosa, afirmó que “vale la pena aclarar que los niños antes de cumplir los tres años deben estar en preescolar, por lo tanto debe haberse solicitado un servicio ante una guardería o CDI regulado por el Instituto de Bienestar Familiar, que se sale de nuestro entorno.
Sin embargo, estamos invitando a que los niños con cualquier condición sean admitidos en los establecimientos educativos, bien sea públicos o privados, o en la guardería. Este caso en particular vamos a trasladar el reporte al ICBF y ver qué decisión toman”.
En lo que tiene que ver con las instituciones educativas que regula la Secretaría de Educación Municipal, precisó que hay más de 720 niños con necesidades especiales (cognitiva, visual y física) atendidos a través de una fundación con profesionales idóneos. “Esto surgió luego de una caracterización que nos permite ver una necesidad en estas instituciones y darle un grupo de apoyo para que se formen y se integren con los otros niños. Desde la administración buscamos que no se discrimine al niño por una condición social, de raza o física. Uno de los ejes temáticos de los proyectos que adelantamos es la inclusión social”, acotó el funcionario.
Según Matute De La Rosa, el año pasado adelantaron una capacitación a 100 docentes y coordinadores dentro del nuevo decreto del Ministerio de Educación Nacional de educación inclusiva, “para que sean atendidos por los mismos docentes de aulas y que estén en condición de dar clases a niños “normales” y los niños con necesidades especiales, para que tengan así el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje y la misma oportunidad que tienen los otros niños, puesto que ahí es donde está la verdadera inclusión social”, puntualizó.
Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN