La Constitución Nacional en sus Artículo 67, 68 y 69 dice que la educación es un derecho y servicio público que tiene la función social de garantizar el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes de la cultura, correspondiéndole al Estado (Nación y entidades territoriales) regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia en su aplicación, con el fin de velar por su calidad, cumplimiento de sus fines, mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, con el adecuado cubrimiento del servicio y las mejores condiciones para el acceso y permanencia en el sistema educativo.
La Ley 30 de 1992 reglamenta el Sistema de Educación Superior, determina la autonomía universitaria y el régimen especial para fortalecer la investigación científica para el desarrollo. La Ley 115 de 1994 determina que la dirección, financiación y administración de los servicios estatales son esenciales para garantizar el cumplimiento del servicio público de la educación. Frente a las expectativas de desarrollo y bienestar integral, la educación formal, se imparte en establecimientos aprobados en ciclos lectivos, con pautas curriculares, conducentes a grados y títulos.
El departamento del Cesar vive una crisis de calidad educativa de todo orden, lo que se prueba con la precaria calidad ciudadana, el bajo nivel de formación de los bachilleres y el regular acceso de nuestros profesionales al mercado laboral de acuerdo con sus competencias y también por la crisis moral y formativa de los docentes. Todo ello requiere urgente concertación de Gobiernos, Gremios y Academia para repensar la educación en los niveles Preescolar, Básica y Media.
Lo anterior exige un diagnóstico de los modelos, estrategias y demás aspectos pedagógicos que se aplican en los colegios públicos del Cesar e interactuar con los colegios privados frente a la calidad de las personas que deben emerger de sus aulas para atender el desarrollo del entorno. El advenimiento de la Universidad Nacional en los próximos dos años, determina un corto periodo que debe aprovecharse para encender las alarmas y tomar medidas preventivas que permitan el acceso de estudiantes de la región a tan prestigioso ente educativo, porque las plazas que ofrecerá podrían ser ocupadas por bachilleres de otros lugares mejor preparados y con ventajas competitivas, y en consecuencia vendrán desilusiones.
La Universidad Popular del Cesar para el primer semestre del 2013 ofreció dos mil cupos a los bachilleres que por primera vez ingresarán a sus aulas y faltando una semana para el inicio del semestre, van matriculados aproximadamente 1.800, de los más de 4.000 inscritos en los diferentes programas. En ese orden, preocupa, en primer lugar qué pasará con el resto de las personas que no ingresarán a la UPC, en su mayoría de estratos 1, 2 y 3; en segundo lugar, cuál será la suerte de los que ingresaron a la Popular del Cesar con las debilidades generadas por el sistema educativo que se aplica en el departamento frente a las exigencias académicas de los primeros semestres, habida cuenta que podría aumentar la deserción y la innegable situación económica de esa población.
¿Señor Gobernador y Alcaldes de los municipios del Cesar por qué no pensar en un convenio integrado con la Universidad Popular del Cesar para que su Facultad de Ciencias Básicas y Educación, las secretarías de Educación u oficinas afines realicen un diagnóstico y planteen ajustes de fondo a los modelos y estrategias pedagógicas que se llevan en los colegios públicos del Cesar?