Los doce años de la era Monsalvo Gnecco en la Gobernación del Cesar serán recordados por el horroroso detrimento de nuestros indicadores sociales, por el gasto de las regalías del carbón a espaldas de nuestra realidad económica y por una contratación pública reservada a contratistas foráneos, en la que las obras inconclusas son directamente proporcionales a las adiciones en dinero del 50% en cada contrato.
Eso sí, todo maquillado en una tan costosa como impactante campaña publicitaria, encargada de ponderar las ambiciosas bondades del proyecto, pero soslayando la catástrofe del detrimento patrimonial en que se constituye una inversión oficial, cada vez que no alcanza el impacto programado dentro de la comunidad. Como parte de la estrategia aparecen las construcciones en zonas de alto flujo, sin importar que allí tal vez es peor la cura que la enfermedad.
Así destruyeron el tradicional estadio de fútbol, compraron un barrio vecino, agotaron las adiciones del contrato y hoy Valledupar está sin estadio, sin barrio y sin el dinero gastado en una obra que lleva varios gobiernos y aún no se termina.
El Centro de Cultura Vallenata igualmente ubicado en una zona céntrica, de clínicas para ser más exactos, será en el mejor de los casos, si es que la obra es terminada, una intrusa mole de cemento en contra de la movilidad y a favor de la contaminación auditiva de la zona.
No quiero imaginar la congestión vehicular cuando las excursiones de turistas, atraídos por nuestra música vallenata detengan sus buses para descargarlos frente a una clínica aledaña al sitio.
Ahora el embeleco es la demolición y construcción de tres colegios vecinos entre sí, cuyo censo estudiantil no aparece en los deficientes estudios previos de los contratos, pero lo que sí es claro de acuerdo a la congestión vehicular que ocasionan a la hora de entrada y salida de sus estudiantes, es que su población no vive en el sector. Ellos son las instituciones educativas Alfonso López Pumarejo, Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo-Instpecam y CASD Simón Bolívar.
La inversión no es nada despreciable. El Presupuesto Oficial del Instpecam es de $45.920.063.736, el del CASD Simón Bolívar es $48.299.139.899 y el del Alfonso López Pumarejo es de $46.671.868.003, sin incluir aún la respectiva adición económica que en nuestro departamento se ha convertido en regla, en vez de ser la excepción.
A todas luces tres adefesios de la planificación educativa y urbanística. Por ejemplo, no se entiende que se prefiera demoler aulas en servicio, en vez de edificar las nuevas en otro sitio y aprovechar las existentes para aumentar cobertura o simplemente para la implementación de la Jornada Única.
Lo ideal hubiese sido desarrollar una caracterización de la población estudiantil, para determinar sus barrios de habitación y sobre esa información determinar los sitios donde se debían construir los tres colegios. De esta manera serían pocos los estudiantes que necesitarían transporte público o particular para llegar a las instalaciones del colegio.
Así se descongestionaría la zona, se contrarresta la contaminación ambiental por alto flujo vehicular en horas pico, se alivia el bolsillo de los padres al no tener el gasto del transporte, se cumple la norma Icontec sobre el kilómetro de distancia entre el hogar y el colegio, se ayuda en la oferta de aulas para la Jornada Única, se disminuye la accidentalidad en motocicletas y se mejoran los índices de inseguridad, etc., etc., etc.
A todas luces, esta es una obra mediáticamente disfrazada de necesaria. Es hora despertar, para determinar cuál es el interés real en rendirnos ante la dictadura del cemento, la cual bien diseñada puede llegar a ser muy bonita visualmente, pero que poco o nada contribuye a mejorar la realidad de los pueblos. Les seguiremos contando. Fuerte abrazo. –