Colombia vive un conflicto armado desde hace medio siglo y este ha tocado también a instituciones educativas, estudiantes y docentes, así como a las comunidades en general. Las consecuencias para los niños, niñas y adolescentes son graves; según el Registro Único de Víctimas, entre 1985 y noviembre de 2018, 7.585 menores de edad en el país han sido víctimas de reclutamiento por algún grupo armado ilegal.
También indica el Registro Único de Víctimas, que entre 1985 y noviembre de 2018, en el Cesar se registraron 125.726 niños, niñas y adolescentes víctimas de hechos relacionados con el conflicto armado, tales como reclutamiento, secuestro, homicidio, desplazamiento, minas antipersonal, desaparición, entre otros.
Según el estudio “Caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados al margen de la ley y bandas criminales entre 2007 y 2013 en Colombia”, el 56 % de los niños y niñas que fueron víctimas de reclutamiento estaban cursando un grado de primaria. De allí, parte la importancia de que el Gobierno colombiano ratificara su compromiso con la educación al firmar la ‘Declaración de Escuelas Seguras’, con la que se compromete a dar un apoyo político amplio a la protección y a la continuidad de la educación como derecho, en contextos de conflicto armado; a la importancia de promover una educación protectora y protegida para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y a la aplicación de las Directrices para Proteger Escuelas y Universidades del Uso Militar durante el Conflicto Armado.
De acuerdo al asesor de Paz del Cesar, Jesualdo Hernández Mieles, esta declaración es un instrumento político a través del cual los estados reconocen los distintos obstáculos que afectan a la educación durante los conflictos armados y formulan compromisos de mejorar la protección brindada a los estudiantes, el personal y los establecimientos educativos en épocas de guerra. La declaración se formuló a través de consultas a estados que fueron encabezadas por Noruega y Argentina en Ginebra, y se presentó para la adhesión en la Conferencia de Oslo sobre Escuelas Seguras celebrada el 29 de mayo de 2015 en Noruega.
“Es obligación de los estados garantizar la educación de sus connacionales, y para Colombia, al igual que para España, la garantía del acceso a la educación segura es una prioridad. La protección de entornos educativos es más necesaria que nunca, por eso España invita a Colombia a que se una a la Declaración de Escuelas Seguras”, resaltó Carlos Cavanillas, coordinador general de la Cooperación Española.
La educación como uno de los derechos humanos fundamentales articula de manera esencial la vida de las personas, así como el crecimiento y el desarrollo sostenible de los países. De esta manera, es responsabilidad del Estado, la familia y la sociedad garantizar integralmente que los niños y las niñas accedan, permanezcan y se formen en un sistema educativo incluyente y de calidad.
“La educación es un derecho que debe ser garantizado en su totalidad, lo que implica también la protección física y emocional de los estudiantes, los docentes y de la comunidad en general”, resaltó la directora ejecutiva de Save the Children Colombia, María Paula Martínez.
¿CÓMO ESTÁ COLOMBIA?
Entre 1984 y 2015 alrededor de 1,9 millones de personas fueron víctimas de la violencia relacionada con el conflicto armado mientras se encontraban en edad escolar; es decir, entre los 6 y los 17 años, según la investigación ‘La Guerra va a la Escuela’ de la Unidad de Investigación Periodística de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, donde también se resalta que el paso de la guerra por la escuela no solo ha tenido repercusiones en los estudiantes, sino que además ha dejado maestros desaparecidos, desplazados, amenazados y hasta asesinados.
Según información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de los 1,9 millones de personas, alrededor de 4.737 de niños, niñas y adolescentes debieron distanciarse de las aulas al ser reclutados en las filas de grupos al margen de la ley.
“La firma de esta declaración es un paso más en el camino avanzado por Colombia, teniendo en cuenta que, además del riesgo de muerte a causa de ataques, los estudiantes pueden estar expuestos al reclutamiento forzado, a la agresión sexual, o a un ambiente de violencia. Todos estos riesgos pueden tener un fuerte impacto psicológico en los estudiantes y docentes, y dañar el aprendizaje”, subrayó Hernández Mieles.
¿PARA QUÉ?
La directora ejecutiva de Save the Children Colombia resalta que “una escuela bajo el modelo de proyecto Escuelas como Zonas de Paz es un entorno educativo preparado para prevenir y mitigar oportunamente los riesgos derivados del conflicto armado y con capacidades de garantizar el servicio escolar en situaciones de crisis. El punto de partida para fortalecer las capacidades en gestión del riesgo es el empoderar a la comunidad educativa en los derechos de la niñez y sensibilizar en gestión del riesgo como factor fundamental en la protección de la comunidad educativa”.