La Asamblea General de las Naciones Unidas en virtud de la Resolución A/RES/65/209 expresó su preocupación en el año 2010 por las altas cifras de desapariciones forzadas en el mundo y decidió declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
En Colombia las desapariciones forzadas o involuntarias han sido una práctica sistemática en contra de las personas que son representativas para las partes en conflicto.
Según el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), entregado el 28 de junio del presente año, ‘trabajar en la defensa de los derechos humanos, tener una vinculación política o social en este país se convierte en una amenaza por parte de los grupos al margen de la ley’.
En el marco del conflicto armado, la desaparición forzada tenía como propósito enviar un mensaje de terror tanto a sus familias como al sector al que pertenecían estas víctimas.
Los datos integrados del Proyecto JEP-CEV-HRDAG arrojan un registro de 121.768 personas como víctimas de desaparición forzada o involuntaria en Colombia, en el periodo de 1985 – 2016. Siendo los grupos paramilitares responsables de 63.029 casos, las FARC-EP de 29.410, la categoría ‘múltiples’ (que incluye diferentes grupos) de 10.448 y los agentes estatales de 9.359.
Aunque muchos de los casos fueron reconocidos y contados ante la CEV no se conoce qué pasó con ellos, y los responsables no dan cuenta de lo sucedido, ocultan su destino, su muerte, y en el peor de los casos su paradero.
Existen familias que han demandado durante años la desaparición de un integrante de su hogar, buscando tener información y no han tenido respuesta; como es el caso de los 7 agentes del CTI que salieron de Codazzi (4) y Valledupar (3) hacia el municipio de La Paz, el 9 de marzo del año 2000, con el objetivo de hacer la exhumación del cuerpo de Alcides Tiburcio Rivera, reportado como desaparecido el 15 de octubre de 1999, y hasta la actualidad no se han podido hallar a los funcionarios.
De acuerdo con las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en conjunto con el Estado debe realizar los ajustes pertinentes y necesarios para promover los procesos de búsqueda de personas que fueron desaparecidas en el contexto del conflicto armado.
Por su parte la ONU señaló que las retenciones y desapariciones involuntarias son “mucho más que una violación de los derechos humanos”, afirmando que no son los derechos del retenido los únicos que se ven afectados, sino también sus familiares y amigos.
Cabe mencionar que, en la declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas se da lugar a la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales, reconociendo que la dignidad es inherente a todos los miembros de la familia humana y sus derechos iguales e inalienables son el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.