Un sensato llamado de atención al Gobierno Nacional hicieron los representantes de los sectores productivos del país: Andi, Camacol, CPC, SAC, ACP, ACM, Asofondos y Naturgas y Acolgen; al igual que mandatarios departamentales, como el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, para que se estudien con detenimiento los efectos de los proyectos de decreto que el presidente Juan Manuel Santos dejará firmados en vísperas de su salida de la casa de Nariño.
Uno de los proyectos regulatorios publicados que más preocupa al sector productivo y a los gobernantes de los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, es la expansión de la famosa Línea Negra, de 54 a 348 puntos que conformarían el territorio ancestral, en el área de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Se trata de la zona teológica de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, también llamada Sei Shizha, que se creó en 1973 por medio de la Resolución 02 del Ministerio de Gobierno, en la que se establecen los límites acordados con las comunidades Arhuaco, Cogui y Malayo. En ese entonces eran 39 puntos radiales en 18 mil kilómetros cuadrados que inician en la Plaza Alfonso López de Valledupar y siguen al norte hacia La Guajira, hasta llegar a Riohacha, y luego hacia el sur hasta el Magdalena, pasando por el Parque Tayrona y Santa Marta, sigue por el oeste hacia el punto de inicio en el departamento del Cesar.
Dos argumentos fueron esgrimidos para durante la creación de la Línea Negra. El primero, de tipo cultural y étnico, para garantizar a los miembros de los distintos grupos indígenas de la región la autonomía cultural y el libre desarrollo. El segundo, de tipo ecológico, para contribuir a preservar el equilibrio ambiental de la naturaleza.
Sin embargo, la Línea Negra no ha logrado impedir al ciento por ciento que se traspase la frontera de esta y las otras dos áreas de protección étnica y medioambiental (parques naturales y resguardos indígenas), para frenar la deforestación, los asentamientos poblacionales y la infraestructura vial.
Ahora bien, así como el Estado ampara a las comunidades indígenas con la Consulta Previa, los líderes gremiales y representantes de entes territoriales esgrimen que hay total ausencia de diálogo sobre el proyecto de decreto, por lo que piden conocer criterios técnicos utilizados para su definición y el estudio del impacto en Cesar, Magdalena y La Guajira.
El gobernador Francisco Ovalle fue enfático en señalar que en la práctica, se afectaría la ejecución de planes de desarrollo municipales y departamentales, pues la autoridad de los gobernadores y los alcaldes estaría sometida a la autorización de las comunidades indígenas para hacer inversiones y ejecutar proyectos y obras en las poblaciones y ciudades como Valledupar.
Consideramos que el decreto sí amerita mayor análisis de sus alcances, el presidente Santos debe propiciar espacios de diálogo para que no se genere un mayor conflicto étnico en los territorios que desde hace mucho tiempo tienen carácter urbano.
De igual forma hay preocupación por otros proyectos regulatorios: la reglamentación de la protesta social, la reglamentación de la ley 70 de 1993 sobre uso de la tierra y los recursos. En este contexto cabe recodarle al presidente Santos el viejo refrán: “Vísteme despacio, que tengo prisa”.