Cuánto nos gustaría que estas líneas siempre abordaran temas positivos, aspectos valiosos de nuestro país y de nuestra región, que los hay a montón, pero no, la realidad actual obliga a echarle una mirada a la situación de violencia que se está tomando a Colombia.
La crisis de seguridad en Buenaventura, debido al enfrentamiento entre los ‘Shottas’ y ‘Espartanos’, dos grupos narcocriminales que se disputan el poder en ese territorio, es el reflejo, guardadas las proporciones, de lo que está pasando en diferentes regiones del país.
Las imágenes que se pudieron ver en la televisión, este lunes festivo, donde un grupo de unos 20 jóvenes encapuchados, portando armas de corto y largo alcance, de uso exclusivo de las fuerzas armadas legalmente constituidas, recorriendo varios barrios de Buenaventura y fungiendo ser ellos la autoridad, cada vez son más frecuentes en esas zonas del país donde el Estado brilla por su ausencia.
Ese es el punto que preocupa, cuando ya se creía que esas imágenes eran cosas del pasado colombiano, hoy la televisión nos hace despertar de ese sueño de paz tan anhelado y volver al contexto real que, aunque nos resignemos a no aceptarlo, sí existe y ya está generando repercusiones en todos los ámbitos del orden nacional y regional, pero pareciera que las autoridades no fueran conscientes de ello, porque se notan pasivas y la capacidad de reacción es poca frente a la gravedad del asunto.
Hay que entender que esa situación que hoy vive Colombia no se trata de circunstancias aisladas o lejanas a nosotros en el Cesar y La Guajira, acá, en algunos casos, lo único que cambiaría serían los nombres de los grupos armados ilegales porque el modus operandi por lo general es el mismo.
En el Cesar, La Guajira, Magdalena, entre otros departamentos cercanos, esas mismas imágenes que hoy vemos en Buenaventura ya se han visto en varias zonas rurales y en algunas localidades próximas a los cascos urbanos. Precisamente, de manera reciente, ciudadanos que pidieron reservas de su identidad, advirtieron sobre la presencia de hombres armados en moto que se paseaban por las calles del municipio de El Copey impartiendo directrices sobre el orden público. “Oficialmente no tenemos denuncia o conocimiento de esa situación”, respondió al respecto la directora seccional de Fiscalías del Cesar, Arali González.
Todos, desde el ciudadano común hasta los sectores sociales capaces de incidir en las decisiones de los gobiernos, lo que realmente le gustaría ver son acciones y estrategias contundentes sobre la capacidad institucional para garantizar que todo marche como mandan las leyes en Colombia, sin embargo, en el imaginario colectivo existe la sensación de que estos hechos pasaran desapercibidos y con el agravante de ir acrecentándose cada vez más.
Por ningún motivo se puede permitir la pérdida de confianza en las instituciones y dejar la seguridad ciudadana en manos de grupos armados ilegales, máxime cuando el interés de estos no es precisamente el bienestar colectivo sino otros intereses non sanctos.
“Que la violencia no nos llegue al valle” dice acertadamente la canción vallenata, pero para que eso se cumpla se necesitan acciones en todos los niveles y sin escatimar ninguna clase de esfuerzos para lograr los resultados que nos devuelvan la tranquilidad total.