Suele suceder que para la ejecución de grandes obras civiles y todo aquello que implique infraestructura física, los gobiernos tanto locales, departamentales como nacional destinan grandes partidas presupuestales, y eso no está mal, pero, ¿por qué no ocurre lo mismo para la realización de eventos y actividades culturales? En especial en una región cuyo potencial diferenciador de desarrollo es la cultura, su música y las otras manifestaciones culturales relacionadas o complementarias y su deriva en un turismo cultural.
En nuestro medio, desarrollarlos cuesta Dios y su ayuda, difícil por la falta de apoyo institucional.
Sería bueno hacer una revisión rigurosa del tema desde el origen del proceso en términos de legalidad y procedimientos institucionales: ¿cuál es el impedimento o limitación que tienen los determinadores del gasto público para destinar recursos para la cultura? ¿obedecerá eso a meras situaciones legales o sí tendrá incidencia la voluntad política o interés de los mandatarios? ¿será cierto lo que siempre se escucha decir en el sentido de que invertir en actividades culturales no representa rentabilidad para los determinadores del gasto o para sus socios políticos, como sí lo son las obras civiles?
Precisamente, llama la atención que en la construcción del Centro Cultural de la Música Vallenata, que está en plena ejecución, serán invertidos alrededor de 200 mil millones de pesos. Sí, es una gran inversión presupuestal para un tema cultural, pero en este caso se trata solo de la obra de infraestructura física, lo cual no garantiza que en adelante se podrá contar con el proporcional presupuesto para su sostenimiento y las distintas actividades que allí se programen.
Eso hace pensar que, para lo tangible, es decir, cemento, varillas y todo tipo de materiales, la destinación presupuestal podrá ser ilimitada, no siendo así para todo aquello que de una u otra manera resulte intangible pero que da vida a los escenarios.
Los eventos folclóricos y culturales son el alma, que víncula con las raíces y una fuente de identidad, pero se realizan a medias, especialmente cuando las gestan o ejecutan actores ciudadanos y particulares.
Consideramos que superar estos obstáculos requiere creatividad, colaboración, determinación administrativa y política de los mandatarios, quienes están obligados no solo a pensar en el presente sino a tener una visión a largo plazo.
Claro que no todo debe depender o estar sujeto a los gobiernos o entidades oficiales, los operadores y gestores culturales están llamados a establecer alianzas público-privadas con empresas locales, regionales y nacionales, estas pueden ser aliadas estratégicas; deben tener en cuenta la participación comunitaria mediante distintas formas de recaudación de fondos; se podrían aprovechar fondos nacionales e internacionales, becas y ayudas dedicadas a la cultura, esto no siempre se explora en su totalidad; otra alternativa es la integración de programas culturales con otros sectores como el turismo y la educación bajo un formato bien estructurado. Pero el recurso público es clave para potenciar los eventos culturales, asegurar su realización cada año, su fortaleza, su fama, para que el empresariado y demás patrocinadores puedan darle soporte en adelante disminuyendo así en el futuro el compromiso casi exclusivo del erario, generándose empleos y un transformador turismo cultural.