Siempre he pensado que somos una sociedad mediática experta en juzgar inocentes y buscar culpables de donde sea y de esta manera, sin ninguna clase de precaución, acusamos y endosamos responsabilidades y de paso mantenemos la sensación de que con ese altruismo le hacemos contrapeso a la impunidad.
Es así que nos hemos vuelto amigos del falso testimonio, de la injuria y de la calumnia, incluso lo hacemos hasta con los pobres perros callejeros, que sí nos muerden los calumniamos sosteniendo ante la autoridad sanitaria que padecen de rabia canina, con tal que le hagan un juicio al pobre animalito y terminen cortándole la cabeza.
Algo similar está pasando con el reciente escándalo en el seno de la Corte Constitucional. De todo pensé, menos que la responsabilidad del lamentable episodio que afecta actualmente la justicia en cabeza del magistrado Jorge Pretelt, acusado de soborno para beneficiar a Fidupetrol en una tutela, fuera a parar a la universidad, en el sentido que ya hay quienes afirman que el problema de corrupción que hoy vive la rama judicial es atribuible al alma mater, en tanto estas no están formando abogados honestos y con principios morales capaces de administrar justicia con dignidad e imparcialidad. Este juicio al igual que muchos de los que hacen algunos periodistas en el país que se creen togados y desde las cabinas radiales y los set de televisión emiten sentencias de desprestigio y difamación, en nada contribuye a la convivencia ciudadana y al fortalecimiento de nuestras instituciones, por el contrario, lo que hacen es atizar el fuego de la polarización, justamente en un momento en el que las circunstancias demandan la reconciliación nacional.
Es inconcebible desde todo punto de vista, que una universidad tenga en sus pensum académicos, asignaturas, módulos o talleres de cómo enseñar a ser jueces o abogados bandidos y de cómo asaltar la justicia; a nadie le cabe esto en la cabeza, por más malos chistes que se hagan de los abogados. Claro está, no podemos ocultar que la administración de justicia no está pasando por su mejor momento; pero esto no se debe a la formación universitaria de los jueces y demás funcionarios judiciales, sino a un problema de estructura funcional de la rama judicial, pues en la Constitución de 1991 se incurrió en el desacierto de otorgarle competencias electorales de los magistrados al Congreso de la Republica, de esta manera los jueces entraron en contacto directo con la política y precisamente esa posibilidad de que el juez se untara de la política lo hizo vulnerable a esas mismas prácticas de cabildeo, de pago de favores e inclusión en círculos de poder etc.
Producto de toda esta maña hoy podemos ver como se han conformado grupos de poder alrededor de las altas cortes con la formula “tú me eliges yo te elijo”, y grupos de burocracia que han elitizado la función judicial; pero porque el sistema judicial esté diseñado de esta manera, no podemos echarle la culpa a la universidad de los hechos de corrupción que se presentan en los estrados judiciales.