Hace aproximadamente tres años la Corte Constitucional, agobiada por el tema de las tutelas, conminó al gobierno del Presidente Álvaro Uribe a presentar un plan de contingencia a la inminente crisis de la salud. La semana pasada, el alto tribunal realizó un acto de evaluación de esa sentencia, la T-760, durante el mismo se escuchó al gobierno, a distintos actores del sector y a los organismos de control, entre otras instituciones.
Y aunque parezca increíble, transcurrido todo ese tiempo, la crisis en lugar de ceder, se ha agudizado en detrimento – principalmente- de las IPS y de los usuarios, los pacientes, que también tienen su cuota de responsabilidad en el grave problema.
Varias veces hemos advertido en estas páginas, que la Ley 100 permitió un gran avance en materia de cobertura, de afiliaciones, que no siempre significan un acceso a los servicios. No obstante, por múltiples factores, el sistema adolece hoy de serios problemas, como bien ha insistido la Corte, relacionados con el tema de financiamiento, corrupción, falta de atención oportuna, problema de calidad en los servicios, etc, que cada día, reiteramos, se agravan, a pesar del conocimiento del gobierno y de los constantes anuncios de solución.
Hemos comentado que buena parte del problema se podría resolver con una mayor organización por parte del Estado. Si el propio gobierno, por intermedio de la Registraduría General de la Nación, actualizara y unificara las bases de datos, se habría dado un paso muy importante en materia de transparencia y eficiencia. Adicionalmente, es el propio Estado quien puede regular el tema de los costos de procedimientos y tratamientos, para fijar un sistema único de tarifas, al que tendrían que someterse las EPS y las IPS.
Adicionalmente, hay que tener mano dura con el tema de la corrupción del sector, que en parte ha sido facilitada por esa falta de organización del propio gobierno. Ha sido el ejecutivo el que muchas veces se demora en pagar y esa falta de plata llega a las instituciones a pagar comisiones y sobornos para acceder a los recursos que por ley, luego de prestado el servicio, tendrían acceso. En este frente, no pueden bajar la guardia la Procuraduría, la Contraloría y las Personerías, cada una en lo de su competencia.
El ex presidente de la República, Cesar Gaviria Trujillo, propuso recientemente en una entrevista para el diario económico Portafolio, que sea la Superfinanciera y no la Superintendencia de Salud, la que vigile a las EPS. Apoyamos la propuesta del mandatario, las EPS son unas aseguradoras y la Superfinanciera tiene la experiencia, el personal y los controles y sistemas para vigilar a las aseguradoras.
La Supersalud, con el apoyo real y oportuno de las Secretarías departamentales y municipales de salud, realizaría la supervisión, control y sanción de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
Igualmente, compartimos algunos de los planteamientos de la Secretaria Departamental de Salud del Cesar, Ángela Salazar Dávila, en el sentido que se debe reducir la intermediación de los recursos, otra de las causas de la crisis del sector.
El gobierno está en mora de liderar un plan de salvamento del sector, sin esperar a reformas de carácter legal. Mediante actos del propio gobierno se puede agilizar el flujo de los recursos financieros, actualizar provisionalmente el Plan Obligatorio de Salud y girar rápidamente a cientos de hospitales y clínicas que están a punto de colapsar por falta de plata.
Como advertíamos recientemente en otra nota editorial, el estado del sector de la salud es de verdadero shock, y lo más preocupante es que se puede agravar, si el gobierno no actúa con la diligencia y la urgencia que se requiere. Hasta el momento todo que se ha quedado en anuncios y titulares de prensa, pero los actores del sector y los pacientes no sienten soluciones concretas.