Por José Félix Lafaurie Rivera
Las salidas en falso del Presidente Santos tras el escándalo de las interceptaciones, lo dejan en una posición incómoda y delicada. Afectada su credibilidad, con los bandazos de sus contradicciones, las lecturas de los hechos son malas por donde se mire. Si el Ejecutivo conocía las operaciones, como indicaría la cronología de los hechos, estaríamos ante una nueva cortina de humo para ocultar gravosas revelaciones, asociadas con las negociaciones en La Habana. Si, por el contrario, ignoraba el accionar de los organismos de inteligencia, no sería difícil advertir las fracturas que el proceso de paz ha abierto entre el poder civil y el militar.
Ambas opciones traerían incalculables consecuencias contra la reelección. Un interés que Santos intentó defender, inculpando a la oposición tras el eufemismo de “fuerzas oscuras”, para retroceder 24 horas después, con la teoría de la “licitud” de la maniobra. ¿Qué más podía hacer ante el reconocimiento del Ejército de la operación “Andrómeda” y el allanamiento del CTI a la sede encubierta, 11 días antes de las revelaciones de semana.com? Es claro que la Fiscalía tenía indicios desde agosto de 2013 ¿Será que no se informó al Presidente?
Pero aceptemos que se hizo a sus espaldas. Entonces ¿habría una división en el Ejército, afectado por los anuncios desde La Habana, que gravitan peligrosamente sobre el futuro de la institución castrense? Pero, si esto se descarta y se acepta la “licitud” de “Andrómeda”, surge la otra conjetura. La de una estrategia autorizada desde el Gobierno, para espiar las cuentas de los negociadores de las Farc. Las “chuzadas” evidenciarían lo que allí se cocina, incluso en la agenda de las Farc con gobiernos “amigos” y hasta con terroristas de ETA y traficantes de armas. Sería la muerte de los diálogos y la reelección.
Con lo cual, de la investigación que ordenó el Presidente, no esperaríamos nada distinto de lo que sucedió: lanzar a la hoguera, sin necesidad, a dos altos oficiales de inteligencia para ocultar una estrategia que el Gobierno estaba en obligación constitucional de ejecutar, en aras de la defensa y la seguridad nacional, pero que tras la imprudencia de la Fiscalía, escapó de su control y terminó por rebotarle al Gobierno. Un nuevo manto de desconfianza se levanta en la opinión, que vuelve a sentirse engañada.