Otra posible olla de corrupción se destapó esta semana en Valledupar; esta vez en el Sisbén, según lo denunciaron el propio Alcalde, Fredys Socarrás Reales, y el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Aníbal Quiroz Monsalvo.
La situación fue descrita gráficamente por el mandatario local: “ni son todos los que están, ni están todos los que son”. El mismo refleja no sólo un problema serio de corrupción, de graves consecuencias, sino también un serio problema de falta de conciencia cívica o cultura ciudadana, como la llaman ahora.
El Sisbén es el principal instrumento que tiene el Estado para asignar recursos de subsidios públicos y otro tipo de ayudas estatales. Gracias al Sisbén se accede a Familias en Acción, salud subsidiada, viviendas gratis, becas y otros beneficios del Estado.
Su distorsión representa un fraude al estado, entre otro tipo de conductas delictivas, y un engaño a la sociedad, por cuanto las personas que están en el Sisbén sin necesidad de ello desplaza a quien si lo necesidad de verdad.
Por ejemplo: se supone que en el Sisbén, a nivel nacional, están familias numerosas hasta de 7 integrantes; en el caso de Valledupar hay grupos familiares de 2 y 3 personas… ¿Cómo se explica que personas que viven en El Novalito, en Los Cortijos o en Arizona, estén en el Sisbén?. Además, hay problemas con los puntajes y muchas otras irregularidades.
Hay que advertir que se trata de un problema nacional, y el mismo debe ser asumido también por la Fiscalía General de la Nación, el Departamento Nacional de Planeación, la Contraloría General y la Procuraduría General, cada uno en lo de su competencia.
El Sisbén en Valledupar lo integran unas doscientas mil personas, lo que indica que la corrupción en el mismo implica el manejo de miles de millones de pesos y de allí la trascendencia del tema. Los funcionarios de las entidades involucradas en el tema deben informar y reportar la situación a los organismos de control y principalmente a la Fiscalía General de la Nación.
No se justifica, de ninguna manera, que funcionarios públicos y personas de los sectores medios y altos estén inscritos en el Sibén como beneficiarios. En esta base de datos sólo deben estar los más pobres y necesitados. Las anomalías detectadas deben ser ampliadas, precisadas y – reiteramos- reportadas a las autoridades competentes.
Estas irregularidades representan un detrimento para la Nación y el Municipio, según el caso, y los funcionarios responsables de las mismas deben asumir las consecuencias fiscales, disciplinarias y penales, según el caso. También los particulares deben asumir sus consecuencias. En el caso de esta olla podrida se debe ir hasta sus últimas consecuencias para evitar que se sigan presentando malos manejos con estos recursos, corregir las irregularidades, suspender provisionalmente setos programas y establecer y castigar a los responsables, sean estos funcionarios públicos o particulares. No hay derecho a que se manejen de esta forma los recursos públicos dirigidos a atender las necesidades de la gente más pobre de Valledupar.
