En diferentes encuestas, aparece la corrupción como el problema nacional número uno, que hay que combatir y ciertamente los cesarenses compartimos dicha opinión. Por eso, existe interés en algunos sectores del país, en promover más transparencia en el uso de los recursos públicos, lo que incluye garantizar la mayor competencia posible en las contrataciones estatales, y así obtener las mejores condiciones para las finanzas públicas
El esfuerzo para que en el gobierno se adopten los “pliegos tipo”, y las diferentes iniciativas que desde la sociedad civil y la academia se están librando, hacen que también el CSIR-CESAR se sume a dichos sectores pro-transparencia.
Una manera de hacerlo, es mostrando la situación de la contratación en el departamento del Cesar, -muchos de cuyos recursos provienen de las regalías- y en su capital Valledupar. Para ello, haremos uso de un juicioso y cuidadoso análisis nacional que hizo la Sociedad Colombiana de Ingenieros SCI para los años 2015-2017 basándose en los datos oficiales del SECOP. (Sistema Electrónico de la Contratación Pública)
La SCI analizó cuatro tipos de contrataciones: licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada y subasta inversa, para el Departamento; para sus 25 municipios y para Valledupar. Vamos a examinar la contratación desde el departamento y desde la alcaldía de Valledupar, que se hizo bajo la modalidad de licitación pública dado que ella representa el 87% de toda la contratación para el departamento y el 61% para el Municipio y nos referiremos al año 2017, último del cual, tenemos datos procesados. Existen otros tipos de contrataciones: vía convenios o similares.
En el 2017, el Departamento contrató 210.000 millones de pesos en las cuatro modalidades arriba mencionadas, de las cuales 183.000 millones, fueron bajo la modalidad de licitación pública. Estos recursos fueron adjudicados en 22 contratos, que en promedio daría un poco más de 8.000 millones de pesos a cada uno, aunque hay variaciones grandes en los montos. Viene ahora sí lo más revelador del trabajo, el promedio de proponentes para cada una de las 22 licitaciones fue solamente un raquítico 2.27 . El que se lo ganó y otro que perdió, ese es el triste resumen.
Es definitivamente, un promedio muy bajo si se compara con el promedio nacional de casi 10 proponentes por cada licitación; con el promedio del mejor del caribe, que es el Atlántico con más de 6 proponentes y absolutamente a distancia sideral de los 28 proponentes de la Gobernación de Caldas que es una de las mejores. En las otras modalidades de contratación la situación es peor. En concurso de méritos se presentaron 1.65 proponentes por cada concurso. En subasta inversa 1.43 y finalmente en selección abreviada 1.38.
Surgen muchas preguntas al respecto: ¿porque tan pocos proponentes? ¿Siendo sólo dos se logra maximizar el uso de los recursos? ¿Es falta de información? O falta de confianza en el proceso. ¿O dicho abiertamente, las firmas no se presentan porque piensan que pierden el tiempo, dado que ya está asignada previamente la licitación y hay ganador seguro? Los gobernantes deberían contestar, desde la sociedad civil debemos preguntar y los organismos de control deben actuar.
Si por los lados de la Gobernación surgen preocupaciones, por el frente de la Alcaldía de Valledupar la situación es alarmante. Durante el 2017 la Alcaldía firmó cerca de 69.000 millones de pesos en las cuatro modalidades de contratación. De ellas, 42.000 millones fueron a través de licitación pública en 17 contratos, para un promedio de 2.450 millones por cada uno de ellos. El promedio de proponentes fue de 1.47 firmas por cada licitación. Lo que es abrumadoramente terrible. En el 2015, el promedio era de 2.18 participantes en cada licitación, -ya mala- y bajó a 1.47, mientras a nivel de las otras capitales departamentales, mejoró.
Ahora, el caso del número de proponentes es mejor en licitación pública que en las otras tres modalidades de contratación. En subasta inversa 1.19 proponentes. En selección abreviada 1.18 y en concurso de méritos 1.09.
Las cifras que mostramos y que son muchísimas más completas en el trabajo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, hablan por sí solas. Poco hay que agregar a un panorama realmente desolador. Sin embargo, queremos desde el CSIR-CESAR hacer dos reflexiones.
La primera, tiene que ver desde el punto de vista de la eficiencia económica y el buen uso de los recursos. Desde la perspectiva del desarrollo económico que se quiere alcanzar con las obras a financiar. Es muy poco probable que, con tan escaso número de competidores, se puedan maximizar los recursos. Difícil que se logre la mejor inversión, la mejor calidad o el mejor precio. Nuestro sistema económico se basa en la competencia, pero en la verdadera y real. En dónde haya posibilidades de participar, dónde las barreras a la entrada de firmas para competir sean bajas. Si no es así, vamos a tener obras costosas y no la mejores. Sólo participan empresas que de una u otra manera han conseguido el “privilegio” de participar y eso para nada garantiza eficiencia ni calidad. Lo que sí garantiza, es el enriquecimiento de unos pocos a costa de unos bienes y servicios públicos que deben ser garantías y beneficios para todos.
La segunda reflexión es más de fondo, y es de carácter ético. Es sobre el sistema de valores de una sociedad. Es que debemos volver a valorar más la calidad y el precio que el clientelismo y el amiguismo en un proceso licitatorio. Es sobre poner en la más alta escala de valores la igualdad de oportunidades y no la astucia y la trampa. Es sobre reconocer que muchas firmas cesarences y nacionales han quedado por fuera de procesos licitatorios por prácticas que favorecen a unos pocos y eso no es justo, ni legal. Si nos falta rescatar algo en el Cesar, es esta ética. Si no la brindan los gobernantes, construyámosla desde la sociedad civil.
Por CSIR-CESAR/ EL PILÓN