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La Contraloría General de la República le falló al río Cesar

No solo hay obras inconclusas sino también procesos inconclusos . Estos son aquellos que adelantan gobiernos o entidades públicas y en mitad de camino dejan tirado todo. No parecemos tener evidencia de ello, pero los ejemplos abundan: en nuestro ámbito los hay también, es el caso de los de los reconocimientos y declaraciones que ha hecho la UNESCO a Valledupar y al vallenato, como ciudad creativa musical o como expresión musical vernácula que se debe preservar y de lo que poco se hace, se cumple y se informa.

Esta vez nos referiremos al río Cesar por defecto, ya que el río Ranchería, emblema natural de La Guajira, ha sido elevado por una ley a un río ‘sujeto de derechos’, un llamado a ser tenido en cuenta y a su preservación y defensa.

El Cesar, que nace en la Sierra Nevada atraviesa la región más sur de La Guajira y se mete al municipio de Valledupar, pero en la curva del Salguero se le voltea un camión de espuma blanca que lo deja contramatao y ahogao en un lodazal que camina nauseabundo hasta su final en la Ciénaga de Zapatosa.

Ese río Cesar que hace un siglo aún permitía navegar desde ese sitio del Salguero, siguiendo sus meandros, hasta desembocar sus aguas en el río Magdalena, configurando ‘un valle entre los valles’ del Ariguaní y del Ranchería ha sido un testimonio del desastre ambiental en nuestro departamento.

No solo Valledupar, aunque sea el principal depositario de aguas residuales medio tratadas. Son varios los municipios y corregimientos que lo afectan con sus desechos,y también afectan su cuenca en una deforestación notable; la abundante pesca se ha ido extinguiendo .

Sabemos que ha sido la voluntad del hombre, el trabajo de la tierra, de las minas, de las ganadería o de los cultivos. Pero las autoridades públicas tiene su alta responsabilidad.

A esa problemática respondió la acción de la Contraloría General de la República convocando en un ejercicio de gobernanza del río a todos los actores públicos y privados, a los líderes sociales, ambientales, productivos y de las diferentes etnias, en jornadas en pueblos a lo largo de su trayecto en el departamento, en las que se exponían los problemas y las soluciones con una metodología que le daba orden y método a las exposiciones y discusiones .

Se manifestó, en el año 2019, que el ejercicio de participación y empoderamiento de la realidad social y ambiental del río era similar, en sus proporciones, a lo que la entidad de control había promovido con el río Bogotá. Entonces también se mencionó al río Atrato en el Chocó como el primer elemento natural que había sido objeto de una declaración legal como sujeto de derechos en el país.

Empezaron así los primeros compromisos y presentación de las Corporaciones ambientales, de los municipios, de entidades administradoras de acueductos y alcantarillados, las superintendencias , y las organizaciones sociales. Asistimos todos motivados a reuniones como aquellas, en el salón Leandro Díaz de la Cámara de Comercio, en las que el Ministerio de Vivienda dio a conocer la contratación de la consultoría sobre el sistema de tratamiento de aguas residuales de Valledupar y luego el informe final con el diseño de la planta de tratamiento, PTAR. Todo eso de un momento a otro, en mitad de camino se acabó y los funcionarios de la Contraloría se desaparecieron y ni siquiera llamaron para que se le diera algún grado de continuidad al proceso por parte de algún liderazgo territorial público o de la sociedad civil. Nada. Regresaron a la centralista Bogotá y la frialdad los congeló. Y, con los crespos hechos de espuma, fluye el río Cesar a duras penas.

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