Un total de 22 hallazgos con presunta connotación fiscal por valor de $23.564 millones de pesos, determinó la Contraloría General de la República en las auditorías que adelantó en 2015 evaluando el manejo de los recursos de regalías en el departamento de La Guajira.
El hallazgo con presunta incidencia fiscal de mayor cuantía durante el primer semestre de 2015, por $1.713 millones, se detectó en el municipio de Manaure, por la construcción de acueducto y alcantarillado para el barrio Villa Sara y adecuación de las lagunas de estabilización del municipio.
Las obras contratadas allí no cumplieron con los fines propuestos para beneficiar la comunidad, al no suministrar el servicio de agua potable, y encontrarse en estado de abandono.
En el municipio de Hatonuevo, sobresalen dos hallazgos con presunta connotación fiscal, que ascienden a $1.853 millones. La mala calidad de obra en la pavimentación estratégica de vías urbanas, dio lugar a un hallazgo por $951 millones, seguido por otro de $901 millones, por el mismo motivo, en una obra para el eje educativo cultural del Municipio.
Las auditorías realizadas en el departamento de la Guajira en el segundo semestre de 2015 dieron como resultado 14 hallazgos con presunta connotación fiscal, por $19.868 millones.
El hallazgo de mayor cuantía en el segundo semestre, por $10.858 millones, se encontró en el municipio de Riohacha, por la construcción del acueducto y alcantarillado del corregimiento de Camarones, que reportó falta de permisos ambientales y de requisitos en la Fase III del proyecto, así como actos expedidos por el Ministerio de la Protección Social que permiten concluir que la calidad del agua no es apta para el consumo humano.
El segundo hallazgo fiscal relevante para el segundo semestre de 2015, se presentó en el sector educación, por $3.865 millones, como resultado de la auditoría realizada a la Gobernación de la Guajira, por incumplimiento contractual de parte del interventor y soportes incompletos en el contrato 236 de 2013.
Hallazgos en la Gobernación de La Guajira
Unos de los hallazgos con presunta incidencia fiscal, por casi $775 millones, corresponde al pago que hizo con recursos de regalías un contratista de la Gobernación de La Guajira, cancelando gastos permanentes como transporte y alimentación de invitados a ruedas de negocios, alojamientos, restaurantes, peajes de gasolina, arriendo de oficinas y de un apartamento.
Con los dineros públicos se pagaron también honorarios de personal directivo y asesor de la firma contratista, servicios de vigilancia y gastos de caja menor.
La ley prohíbe cubrir esta clase de gastos con los recursos de regalías. Sin embargo, la Gobernación argumentó en respuesta a la Contraloría que algunos gastos tenían límite temporal, otros eran necesarios y algunos correspondían a gastos de administración e interventoría.
El presunto hallazgo fiscal, exactamente por un valor de $774.970.510, corresponde a un convenio de cooperación tripartito de 2013 suscrito por la Gobernación con la Cámara de Comercio de la Guajira y la Fundación Innova Caribe S.A., que tenía por objeto implementar “estrategias para la generación de ingresos y empleo en el departamento de La Guajira, mediante el desarrollo económico incluyente”.
Se evidenció en dicho contrato que la Fundación Innova Caribe S.A utilizó los recursos de regalías para compra de activos como muebles y enseres y sufragar gastos permanentes como arriendos, compra de papelería, implementos de aseo y cafetería, cancelación de servicios públicos, servicio de restaurante, alojamiento, peajes, arriendo de apartamento, servicios de transporte y vigilancia.
Igualmente, se utilizaron para cancelar gastos de personal como son honorarios para la directora del proyecto ($98 millones) y el gerente del mismo ($20 millones) , asistente administrativa ($9 millones) y asistente técnico ($39 millones), asesor jurídico ($54 millones), revisor fiscal ($42 millones), apoyo administrativo ($15 millones), y comunicador social ($53 millones) También para pagos de transporte y manutención de los invitados a ruedas de negocios ($40 millones), enmarcados en el rubro de publicidad.
Estos pagos se realizaron entre octubre de 2013 y agosto de 2015.
Los gastos relacionados no pueden ser financiados con recursos de regalías, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 1530 del 17 de mayo de 2012 y en el artículo 2 del Acuerdo 0017 de 17 de julio de 2013 de la Comisión Rectora del SGR, hoy derogado por el acuerdo 0027 del 30 de abril, que igualmente lo contempla en el artículo 3, recordó la CGR.
Sobre estos giros irregulares no existe pronunciamiento por parte de la interventoría, ni de la supervisión del contrato, que está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo de la Gobernación.
Para la CGR, la Gobernación de la Guajira, al realizar la contratación directa, presuntamente no tuvo en cuenta la capacidad técnica y financiera del contratista, razón por la cual los recursos del proyecto se dirigen a cubrir gastos propios de la empresa contratista.
Otro hallazgo relevante
En la misma auditoría a la Gobernación de La Guajira, se detectó un hallazgo con presunta connotación fiscal por $1.625 millones relacionado con un contrato para suministrar “Semovientes puros, mestizos y criollos” requeridos para la ejecución del componente de mejoramiento genético contemplado en el proyecto “Fortalecimiento y desarrollo competitivo del sector ovino del Departamento de La Guajira”.
En este caso, se determinó una insuficiente identificación de los beneficiarios del proyecto, inconsistencias en el número de ovinos machos a entregar así como actas de entrega de los semovientes, suscritas por el contratista y los beneficiarios, que carecen de información que permita establecer la plena identidad del productor ovino o la ubicación individual de cada predio.
Otro hallazgo representativo en el mismo periodo se presentó en el sector transporte, por un monto total de $926 millones, debido a un contrato de pavimentación en el que existen tramos intervenidos que presentan mala calidad de la obra, por contaminación del concreto con trozos de madera, por la presencia de inclusiones de contaminantes y material orgánico en el concreto rígido, inadecuados procedimientos constructivos y la presencia de diversas patologías relacionadas con descascaramiento y desintegración del concreto, así como deterioro prematuro.