El Ministerio del Interior está liderando la conformación de las comisiones departamentales de seguimiento electoral para garantizar unas elecciones libres, transparentes, participativas y en paz.
El mismo ministro del Interior, Guillermo Rivera, preside estas mesas. Ya instalado las comisiones en los departamentos de Putumayo y Caquetá, con la participación de los comandantes de Policía y Ejército y los representantes de los entes de control, la Rama Judicial y los Partidos Políticos.
El propósito es que desde el Ministerio del Interior se escuchen las sugerencias y recomendaciones de las autoridades electorales, administrativas, disciplinarias, judiciales y la fuerza pública en cada territorio, con el ánimo de velar por el cumplimiento de las garantías electorales del país.
Según fuentes oficiales de este Ministerio, el “escenario permite a los partidos y movimientos políticos exponer sus peticiones, quejas y consultas, brindando las garantías de participación a los candidatos inscritos en este proceso electoral”.
El propósito es que se conformen 32 Comisiones Departamentales de Seguimiento Electoral en cada departamento colombiano.
Es una buena iniciativa, oportuna, democrática, y en el Cesar se debe conformar pronto, porque la campaña está en su máximo furor y ya hay denuncias de delitos electorales. Ojalá que en el Cesar las autoridades se organicen pronto y abran los canales suficientes para que haya confianza y la comunidad se decida a denunciar cualquier anomalía. La invitación es a que mucha más gente participe de este debate electoral y por esta razón nos unimos al llamado que hizo el Ministro del Interior, a denunciar sobre intimidaciones o irregularidades electorales en la página web http://Uriel.mininterior.gov.co, la cuenta en twitter @UrielColombia, al correo electrónico denunciasuriel@mininterior.gov.co y en la línea nacional gratuita 018000912005”.
Esperamos que se haga pronto en el Cesar la revisión de los decretos expedidos por los municipios en materia de control a la publicidad, para que las autoridades puedan contrastarlos con la legislación nacional.