Esta semana tuve la oportunidad de dictar dos charlas sobre la política de financiamiento agrario para productores de arroz del Casanare y directores de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica (UMATAS) del Atlántico. En ambas reuniones salí muy preocupado por el mediocre impacto que han tenido los programas de ayuda del ministerio de Agricultura y Fedearroz, en la productividad de los agricultores.
En la mayor zona arrocera del país (Casanare), la próxima semana comienzan las siembras de unas 100 mil hectáreas de arroz y el Ministerio de Agricultura todavía no ha girado a Finagro los recursos que prometieron a los arroceros del país, para subsidiar un porcentaje de la tasa interés de los créditos. Los calendarios de siembra no saben de resoluciones y traslados presupuestales, y si los créditos no llegan a tiempo, los arroceros tienen que acudir a las casas comerciales donde les cobran unas altas tasas de interés, lo cual les merma la rentabilidad de sus negocios.
El Ministerio de Agricultura, además de haber incumplido con una parte del pago del almacenamiento de la pasada cosecha, tampoco diseñó una estrategia para incentivar la siembra de otros cultivos para remplazar las áreas de arroz que hay que reducir este año por la sobreoferta del grano en el país. Ni siquiera, se les ocurrió implementar un plan de siembra de maíz amarillo, para sustituir en parte los 4.6 millones de toneladas que se importan anualmente desde los Estados Unidos para atender la demanda interna de los avicultores.
Si por el lado del Ministerio de Agricultura la incapacidad y la burocracia abundan, por el lado del gremio es peor. Fedearroz, en vez de invertir los 60 millones de dólares que ha recibido en estos últimos 5 años (ingresos provenientes de las subastas de importación del grano desde los Estados Unidos), en nuevas variedades de semillas, transferencia de tecnologías y capacitación en buenas practicas, se dedicó construir costosos molinos y a montar tiendas de arroz que no dan ni para pagar los arriendos de los locales que les alquiló a sus directivos. La Contraloría General de la República y los ministerios de Hacienda, Comercio e Industria y el de Agricultura, están en mora de realizar una auditoria especial a la ejecución y al impacto de estos recursos en la productividad del sector.
El otro tema que preocupa mucho, es el programa de servicio de asistencia técnica por parte de la UMATAS municipales. En la reunión sostenida con los 23 directores de las Umatas del departamento del Atlántico, vi a unos profesionales mal pagos, sin presupuesto, con un total desconocimiento de los programas de fomento a la productividad agropecuaria. Grave, muy grave, este panorama.