Al hablar del Cesar hablamos también en esta oportunidad de su principal conglomerado social como lo es la capital Valledupar, centro administrativo y de servicios.
El 2020 pintaba bien. No solamente iniciaba el año, sino dos gobiernos en cabeza de jóvenes mandatarios: Mello Castro y Luis Alberto Monsalvo. Titulamos que había llegado ‘la era Castro Monsalvo’.
Nadie imaginaba lo que ocurriría después con la llegada de la covid-19, que además del miedo a la muerte y la muerte misma, aunque muchos se resistan a creerlo, trajo la desaceleración de la economía y la suma histórica de todos los miedos.
Ayer el Dane reportó que el índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en el Cesar disminuyó para el 2019. Mientras que durante el 2018 el 31,7 % de la población del departamento vivía bajo la pobreza multidimensional, para 2019 esa cifra bajó al 25,5%.
El IPM muestra bienestar de los hogares en educación, salud; trabajo y seguridad social; vivienda y entorno; redes y cohesión social.
Es un índice que supera el tradicional NBI, de Necesidades Básicas Insatisfechas, que se refería a pocos aspectos materiales de evaluación. También supera la noción de pobreza monetaria, que es unidimensional y solo se concibe como falta de ingresos; la noción multidimensional define la pobreza como la ausencia de oportunidades o de acceso a unos mínimos de “capacidades” necesarios para el desarrollo de cada persona.
Aunque fue un significativo avance, seguía estando por encima del promedio nacional en pobreza; en Colombia el porcentaje fue de 17,5 %, exactamente 8 puntos porcentuales menos que la pobreza multidimensional del Cesar.
Los departamentos con mayores niveles de pobreza multidimensional son: Vichada (72,2 %), Guainía (67,0 %), Vaupés (66,5%) y la vecina Guajira (48,9 %). Por otra parte, Bogotá D.C. (7,1%), y los departamentos de San Andrés (8,2%), Quindío (10,2%) y Valle del Cauca (10,8%) presentaron los menores niveles de pobreza.
Expertos hablan, consecuencia de la pandemia, del retroceso de 20 años en la lucha contra la pobreza y otros pronostican un aumento de un 15 % a nivel nacional. El Cesar es uno de los departamentos más vulnerables ante este tipo de choques inesperados.
Casi 30.000 empleos se perdieron en la capital del departamento durante los primeros cinco meses del año. Esto no debería dejar dormir al alcalde y a su gabinete. En los otros 24 municipios, aunque no existen cifras oficiales, la situación no es distinta: en la zona minera, cuyos municipios tuvieron un superlativo crecimiento poblacional en el periodo inter-censal 2005-2018, de los más altos en el país, las compañías mineras, como Prodeco, planean suspensiones de sus actividades ante los bajos precios y cortapisas locales a su desarrollo, lo que afectaría cientos de empleos directos e indirectos; en los otros municipios muchos negocios cerraron y las administraciones públicas cuentan con menos recursos para inversiones sociales ante el menor recaudo de impuestos. Lo que se viene no es bueno pero con voluntad política se pueden reducir sus efectos y evitar que se revierta lo alcanzado.