La confirmación de una verdadera “olla podrida” en la Secretaría de Hacienda del Municipio, constituye una mala noticia para Valledupar, quizás la peor de todo el año por sus efectos de mediano plazo.
En efecto, lo que se venía rumorando, desde hace meses, en el sentido en que en esa dependencia operaba una verdadera mafia, entre empleados y particulares, encargada de “arreglar” las cuentas tributarias, en beneficio de contribuyentes inescrupulosos y en detrimento del erario, se confirmó esta semana con la detención de un grupo de personas, al parecer – y según las autoridades-, vinculadas con distintas prácticas encaminadas a defraudar al fisco.
Según la información de las autoridades judiciales, fueron capturadas nueve personas, entre funcionarios, ex funcionarios, contratistas y particulares, que habrían incurrido en una defraudación al fisco estimada en unos siete mil millones de pesos, aproximadamente, por irregularidades cometidas entre 2004 y el presente año.
En nombre de la comunidad de Valledupar, esperamos que caso llegue hasta sus últimas consecuencias y que caigan todas las personas que estén implicadas en los mismos, sean quienes sean y del nivel administrativo que sean. No hay derecho a que en una ciudad con unas finanzas tan pobres y cuyos contribuyentes tributan con un gran esfuerzo ocurra lo que se acaba de confirmar.
El daño va más allá del detrimento fiscal, estimado inicialmente en la suma antes anotada, siete mil millones de pesos; sino que afecta la confianza pública en la administración municipal y genera una situación que estimula la elusión y evasión de los impuestos; por cuanto se crea un precedente grave: para que pagar los impuestos si estos se los roban o, igualmente preocupante, para que pago lo que me corresponde y oportunamente, si puedo esperar y después “arreglo” las cosas…
Sobre este tema, estamos en mora de escuchar un pronunciamiento categórico del Alcalde, Luis Fabián Fernández, y de su Secretario de Hacienda, Alberto Molina Mejía, entre otros funcionarios, quienes deben precisar la actuación de la administración sobre este particular, en el pasado, en la actualidad y en el futuro, que no puede ser otra que de colaboración con las autoridades judiciales.
El daño al futuro de la Hacienda Pública Municipal es inconmensurable…
Ojalá que estas decisiones judiciales sean el principio de una limpieza a fondo de esta dependencia, que está en mora de reorganizarse para volver a recuperar la confianza pública que requiere de toda la comunidad, pero principalmente de los contribuyentes, sean estos personas naturales o jurídicas. En este sentido, lo que se espera es un trabajo conjunto de la Contraloría Municipal, la Personería y la misma Fiscalía, insistimos, para llevar el caso hasta sus últimas consecuencias…
Y al Alcalde electo, Freddys Socarrás Reales, le corresponderá realizar una verdadera “purga” en esa dependencia, una de las más importantes por tener la tarea fundamental de recaudar los tributos y manejar el presupuesto del municipio que, reiteramos, no está en un periodo de vacas gordas precisamente.
Los gremios de la ciudad y la sociedad civil, en su conjunto, deben abogar por una modernización de la hacienda municipal, con sistemas más seguros, debidamente blindados y administrados, y poner al frente de los mismos a personas honestas y transparentes, a quienes se les pueda confiar el sagrado manejo de los recursos públicos, que son de todos y cuyo mal manejo afecta – principalmente- a los más necesitados.