Se ha dicho que este es el único paro que se toma vacaciones. Aunque siempre hemos apoyado las luchas legítimas y razonables de los trabajadores, cuando las cosas pasan sus límites llamamos a la reflexión y al cambio de actitud. Estamos en una situación de esas. Hemos buscado opiniones independientes, académicas y la de expertos y todo indica que las labores deben reanudarse.
No debe desconocerse el esfuerzo estatal, que lleva varios años, para dignificar y remunerar mejor a los jueces y a los empleados de la rama, y son evidentes sus mejoras materiales, pero como en todo sector, nunca será suficiente. El juez y el maestro son elementos imprescindibles en una sociedad.
Pero la vía de hecho agrede al ciudadano y en medio de los cuestionamientos a la falta de celeridad en la justicia y al descrédito de sus funcionarios, haciéndose más visible en los hechos conocidos de grandes magistrados, por fortuna casos excepcionales, mal servicio le hace la organización sindical en convertir en punto de honor una exigencia que compromete más las arcas exhaustas del Estado. Si algún sector debe dar muestras de ponderación, respeto y justa apreciación de las cosas, sin llevar las pretensiones económicas al extremo es el de la justicia.
Cuando en el país cada sector o grupo empieza a considerar que su interés está por encima de los demás se genera el caos y el desorden con secuelas graves sobre las instituciones, la estabilidad de los propios empleos, la economía y el bienestar. En el régimen democrático nos toca ceder en función de otros y esa funcionalidad nos hace a todos progresar.
Es conocido el llamado que hizo el presidente Kennedy ante una situación similar: “No pensemos que hace Estados Unidos por nosotros, pensemos que hacemos nosotros por Estados Unidos”.
Esto es aún más grave cuando el sector o grupo lo hace sin que haya poder alguno que pueda torcerle su voluntad, y con su actuación rayaría en el abuso. Otro presidente gringo, Reagan, ante una huelga de controladores aéreos, que paralizaban las actividades de transporte y comprometían la suerte de la economía, y con quienes se negociaba infructuosamente, decidió en agosto de 1981 de un plumazo dejar cesantes a 12.000, recibir hojas de vida y, en el entretanto, reemplazarlos con miembros de las fuerza aérea, en actitud que tuvo el amplio respaldo ciudadano.
A esos extremos no llegaremos en Colombia: sabemos que la mayoría de empleados y jueces quieren volver a laborar normalmente pero sienten una presión sindical en contrario, violándose también derechos de las mayorías y el derecho mismo al trabajo. ¿Cuántos, en la comunidad, no desearían ocupar ese lugar y tener la oportunidad de hacer algo?
Ya son miles los procesos atascados en el departamento del Cesar, más los que venían por la notoria congestión. Se extiende a todo tipo de procesos, civiles, laborales, penales y administrativos.
De un gesto maduro de los empleados y los jueces de volver al trabajo, sin que ello implique renunciar a conversaciones con el gobierno, -y especialmente con la misma rama en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, que es el verdadero empleador- todos seremos benefactores, empezando por los contribuyentes de impuestos al Estado, los relacionados como auxiliares y los abogados litigantes y los ciudadanos de a pie.