Ha justificado la guerrilla del ELN su condición de justiciera, al ejercer por sus propios medios, retaliaciones contra miembros de la Policía Nacional en la ciudad de Barraquilla, tras acusarlos de “violadores de la dignidad y la vida…”.
Las declaraciones del grupo insurgente –en un comunicado de prensa que ha verificado el Gobierno Nacional- presuponen que el ELN tiene autoridad para definir qué es lo legal y dentro de su esquema de autoridad provoca sanciones de atentados criminales. ¡Qué horror!
Mis consejeros periodísticos Tío Chiro y Tío Nan no han podido discernir estas dos condiciones del ELN para acometer actos terroristas contra unos uniformados que en ese momento estaban inermes.
Presuntamente, permítanme usar esta palabra de boga en el vocabulario jurídico del país, los del ELN arremeten contra los policías buscando un desquite; es decir, que en vez de operar como sanadores se convierten en simples y llanamente jueces y jurados, y por eso toman como castigo: masacrar a los policías, como efectivamente fueron masacrados.
Es la manera cómo opera esa estrategia trasgresora y contra quiénes se ejecutan. Mis consejeros periodísticos alegan que esos policías que fueron masacrados en la estación San José de Barranquilla eran hijos, nietos, padres, hermanos y servidores públicos, humanos de carne y hueso, así como ellos, como todos nosotros.
Si el ELN justifica que masacrar policías soluciona el problema cotidiano en las calles, los buses y en las carreteras del país, cualquier miope podría estar pensando que el roce entre la gente deberá solucionarse lanzando bombas, petardos o granadas contra las escuelas, los hospitales y las calles de los pueblos y ciudades. Buscan el problema río abajo.
Es decir, la anarquía total como lo quieren algunos políticos colombianos. Seguir mancillando lo poco que queda de nuestra democracia, en detrimento de millones de colombianos que reclaman a gritos trabajo, alimentos, medicina y el perdón por sus pecados.
No es nada valiente ni filosófico que el poderoso arremeta contra el débil, mucho menos que el clandestino use esa calidad ventajosa para masacrar de manera aleve y de barbarie al supuesto “enemigo”, como ocurrió en Barranquilla, el fin no justifica los medios.
Es decir, en Colombia masacrar a niños (as), ancianos, jóvenes, etc., tiene un carcelazo; en cambio, hurtar un celular o cogerle la nalga a una muchacha tiene prisión de muchos años.
Es aquí en donde podríamos dilucidar, ahora mismo, al caos de degeneración en el que nos toca cabalgar detrás de los partidos políticos: el azul, el verde, el amarillo o el rojo. El gobierno también es depositario de ese vejamen contra la población civil, contra sus trabajadores y sus instituciones. No se trata aquí de menoscabar a ninguno, no. Santos no es el problema, él hace parte del mismo problema que tenemos los colombianos desde nuestra república.
Lo tristemente célebre es que los del ELN justifican su accionar, haciendo creer que ellos son la solución y que están afuera del problema, con todo el derecho del mundo de decidir. Mientras tanto, ahí está ese fenómeno que los investigadores sociales han abordado de diversas maneras.
En fin, en Colombia gobiernan los mismos con las mismas, los años pasan y vemos en las ciudades y en los pueblos los mismos caciques políticos abrazados con sus electores. Y aquellos “violadores de la dignidad y la vida…”, que son todos los que atentan contra el país, siguen inadvertidos convirtiendo nuestra patria en una piñata de miseria y escorias. Hasta la próxima semana.
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