Este viernes, sobre las nueve de la mañana, el juez Quinto Civil del Circuito de Valledupar, Roger Carrillo, en compañía de la Secretaría de Gobierno Municipal y funcionarios de la Defensoría del Pueblo, realizó un recorrido por las invasiones Brisas de La Popa, Los Guasimales, Bello Horizonte 2 y Altos de Pimienta, ubicadas en el predio Sabana 1 y por sobre las cuales hay una orden de desalojo.
La inspección judicial es el resultado de la solicitud de la administración municipal con respecto a una modulación de la Sentencia T-946 de 2011 de la Corte Constitucional, que ordena que sean desalojadas las más de 20.000 personas que viven en dicho predio, algunas desde hace una década.
En ese sentido, el juez Roger Carrillo, quien está a cargo de la diligencia, recorrió los cuatro asentamientos con un mapa del predio en el que se verificaron los límites del terreno y las condiciones de cada una de las invasiones. Lo anterior con el fin de avanzar en los estudios de títulos, levantamientos topográficos y avalúos necesarios para una eventual adquisición del predio Sabana 1.
De acuerdo con el secretario de Gobierno, Jorge Pérez, se solicitó ante el juez de tutela una modulación del fallo para que se involucren más entidades y se “pueda lograr la compra del predio” porque en el terreno habitan personas de especial protección constitucional y vulnerables a las que se les deben garantizar sus derechos.
Los habitantes
En el recorrido, líderes y habitantes de los cuatro asentamientos humanos “sirvieron de guías” para los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y el juez Quinto Civil del Circuito de Valledupar, quienes escucharon con atención la situación precaria en la que viven y las líneas imaginarias que dividen una invasión de otra.
Al respecto, Consuelo Blanco, líder de la invasión Brisas de La Popa, comentó que nunca antes un juez había visitado las invasiones para conocer verdaderamente los metros cuadrados que las conforman y las necesidades de la población.
“Esta visita ha sido muy importante para nosotros porque el juez está dándose cuenta de cómo están conformadas las invasiones, los barrios que son legales y colindan con los asentamientos y hasta hacen parte del predio Sabana 1. No solo somos nosotros lo que vivimos aquí, hay una población mucho más grande en este terreno que no está contemplada en la sentencia”, explicó Blanco.
La audiencia
El pasado jueves 12 de diciembre, el alcalde municipal, Ernesto Orozco, el coronel Alex Durán de la Policía Metropolitana de Valledupar, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y otras entidades, se reunieron de manera virtual con los apoderados del predio Sabana 1, los cuales son la familia Pimienta.
Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno Municipal, Jorge Pérez, quien manifestó que en la audiencia se le dio el uso de la palabra a los apoderados y se llegaron a una serie de acuerdos porque lo que se busca es una solución definitiva en “cuanto a la legalización del predio”.
Acotando así que la administración municipal está en toda la disposición de hacer las diligencias pertinentes que permitan subsanar la problemática de las cuatro invasiones, y con ello proceder a las respectivas inversiones infraestructurales, en servicios básicos y domiciliarios y demás proyectos que necesiten la comunidad para mejorar sus condiciones de vida.
La historia de la sentencia
De acuerdo con registros, el predio Sabana 1 fue invadido ilegalmente en el 2008 por un grupo de aproximadamente 800 familias, 1.600 niños y 1.400 adultos, quienes dividieron el terreno en cuatros sectores que son conocidos actualmente como Brisas de La Popa, Los Guasimales, Altos de Pimienta, y Bello Horizonte 2.
Por tal motivo, Alberto Pimienta Cotes, propietario del predio, actualmente fallecido, instauró en noviembre de 2008 una querella con la cual buscaba el desalojo, sin embargo, no fue posible. Posteriormente familiares del mayor Alberto Pimienta instauraron una acción de tutela contra la Alcaldía de Valledupar, el Departamento del Cesar y Acción Social.
En respuesta, la Corte Constitucional el 16 de diciembre de 2011, mediante la Sentencia T-946, ordenó el desalojo del predio, sin embargo, en los 13 años posteriores a la sentencia, ninguno de los exalcaldes que tuvo la ciudad cumplió la orden de la Corte Constitucional.
Por Namieh Baute Barrios