Luego de la protesta hecha por los reclamantes de la parcelación El Toco, del municipio de San Diego, donde exigían que hubiese restitución y no compensación, los jueces que conforman el Juzgado Especializado en Restitución de Tierras en el Cesar salieron a su defensa, pues durante la manifestación que se llevó a cabo en Valledupar aseguraron los reclamantes que ellos son los responsables de que esta situación se presentara con respecto a los procesos de esta comunidad.
Manlio Calderón, juez segundo especializado, tomó la vocería de sus compañeros y afirmó que aunque inicialmente se dijo que eran los jueces los que estaban originando que se incidiera en si había restitución o compensación, la situación está clara. “La ley 1448 es muy clara diciendo que cuando existen opositores quienes profieren las sentencias son los Magistrados de Restitución que en este caso están ubicados en la ciudad de Cartagena; son tres magistradas y son quienes llevan el caso de El Toco y están resolviendo las sentencias en primera instancia”, acotó Calderón.
El jurista aseguró además que los jueces de Valledupar no profieren decisiones frente a los ocupantes, opositores o reclamantes de El Toco, explicando que su función consiste principalmente en instruir el proceso de restitución; “practicamos las pruebas y las enviamos al Tribunal Superior en Cartagena, por lo tanto no somos los responsables de lo que ha sucedido en dicha comunidad”, expresó el Juez Segundo.
En este punto es importante aclarar en qué casos se puede dar la restitución o por el contrario una compensación, que son las dos formas de reconocer los derechos de las víctimas a través de la Ley 1448, con la que el Gobierno busca establecer un conjunto de medidas, en beneficio de las víctimas dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición.
Sin embargo, frente a esto hay que establecer que existen personas que han adquirido el bien de buena fe, que es una figura que también establece la ley, por lo cual en muchas ocasiones se opta por dejar el predio a la persona que lo adquirió y compensar al solicitante principal.
“Los jueces cuando recibimos la solicitud, realizamos un estudio sobre los requisitos de admisión, si no se encuentran los requisitos se inadmiten para que sea subsanada. Una vez subsanada se admite y se practican una serie de solicitudes a diferentes organismos que están articuladas con el proceso de restitución; una vez hecho esto, viene la etapa probatoria que es la que dirige el juez, si existe opositor la demanda se envía al Magistrado. En caso de que no exista ningún opositor el mismo juez es el que profiere la sentencia”, explicó Manlio Calderón.
De acuerdo con esta información, para que dé lugar la solicitud de restitución es necesario que se estructuren unos requisitos. Primero es necesario que se trate de una víctima real, es decir que el contexto de violencia o el recaudo histórico de los hechos causados por los grupos al margen de la ley en realidad se hayan configurado en relación con esa persona que solicita el predio y que esté dentro del requisito temporal, que es del año 1991 en adelante.
Calderón asegura que en el Cesar existen de manera general 60 solicitantes, 15 expedientes y él como Juez ha dictado tres sentencias de restitución, debido a que no han existido opositores. “Frente a esta situación los jueces estamos muy preocupados porque la Unidad de Restitución ha dicho que tienen microfocalizadas para iniciar la etapa administrativa 1.700 solicitudes aproximadamente. El mes pasado tuvimos una reunión con el Director quien se comprometió a presentar 57 demandas en el mes de mayo y hasta ahora no ha presentado ninguna”, indicó el Juez.
Los jueces expresaron que a pesar de que la Unidad de Restitución en el Cesar cuenta con el recurso humano y la inversión necesaria, no está presentando las demandas; además dijeron que en repetidas ocasiones han tratado de comunicarse con el director Nacional, Ricardo Sabogal y no han obtenido respuesta.
Por esta situación, los jueces dieron a conocer que el Consejo Superior de la Judicatura les asignan procesos de otras jurisdicciones; “si nosotros llegamos a tener solamente 10 solicitudes de restitución nos envían otros procesos, pero nosotros no fuimos capacitados para procesos ordinarios. Mientras no tengamos el número mínimo de procesos seguirá sucediendo esto, y cuando de verdad se presenten las demandas de restitución no vamos a dar abasto”, concluyó Manlio Calderón.
Andreina Bandera / EL PILÓN
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