De los 16 exconcejales de Valledupar citados a las audiencias de conciliación con la Procuraduría General, José Aramendiz, del partido Centro Democrático, fue el único que llegó a una conciliación con el Ministerio Público.
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Lo anterior gracias a que Aramendiz aceptó la propuesta del ente de control de revocar las sanciones que lo suspendieron e inhabilitaron para ejercer cargo público durante doce años, más $8 millones por las sesiones que no pudo asistir una vez se ejecutó el fallo sancionatorio. Firmada la conciliación se revoca la medida, por lo que el exconcejal podrá regresar a la vida pública.
“Las decisiones son individuales. Yo tomé esta decisión porque la mejor pelea es la que no se hace y creyendo que era una hoja que había que doblar porque desde el 2016 venimos luchando nosotros contra demandas y contra tutelas, sanciones de la Procuraduría y uno se gana uno muchos enemigos. Ya es hora de irse por otro camino”, señaló el militante del partido Centro Democrático.
El exconcejal aseguró, además, que la decisión la tomó pensando en su futuro como servidor público, porque la intención es regresar a la arena política. “La verdad es que tengo aspiraciones, seguiré en la política. Somos personas jóvenes tratando de hacer una vida pública y creo que el momento es ahora. No es momento de pelear”, agregó. La audiencia de José Aramendiz se celebró este jueves junto a otros cinco concejales.
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Al parecer, los otros 15 exconcejales rechazaron la propuesta de la Procuraduría y prefirieron ir a la vía judicial para exigir una reparación económica y moral acusando daños individuales y al núcleo familiar por la decisión de la Procuraduría.
Cabe recordar que este proceso inició luego que Omar Contreras fuera elegido contralor de Valledupar. El Consejo de Estado determinó que el funcionario se encontraba inhabilitado, y basados en esa sentencia, la Procuraduría Regional del Cesar decidió sancionar a los 16 concejales que lo eligieron.
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Luego la Corte Constitucional dio la razón a Contreras por lo que se revocaron las sentencias que declaraban nula su elección y desaparecieron las justificaciones normativas en las que se basaba la sanción impuesta a los funcionarios de elección popular.
Por: Deivis Caro / EL PILÓN