Los soldados encontraron los tres cadáveres debajo del puente sobre el río Ariguaní ubicado en el municipio de El Copey, Cesar. Tenían surcos de presión en las muñecas, sugiriendo haber sufrido sometimientos y control mediante alguna atadura.
El soldado Yeris Andrés Gómez Coronel insinuó, al grupo ‘Zarpazo’, que aquellas personas ya estaban tiesas, los militares acababan de hacer un operativo en la zona al mando del sargento segundo Aureliano Quejada Quejada, esa noche del 6 de junio del año 2002.
Pero, al parecer, el comentario poco importó dado que los uniformados llegaron a apoyar a unos compañeros que dijeron estar librando un combate, por lo que los integrantes del grupo dispararon, sin saber en qué lugar se encontraba el supuesto grupo guerrillero que enfrentaban.
Todos llegaron cumpliendo órdenes y por eso al regresar lo hicieron con el resultado operacional que esperaban: la muerte de tres ‘bandoleros’ de las FARC no identificados en un combate.
Las felicitaciones en desempeño del cargo pronto llegaron por parte del Ejército Nacional, pero sobre todo para el oficial de inteligencia, el mayor José Pastor Ruiz Mahecha, que lideró la misión táctica y operativa ‘Destello’ del pelotón adscrito al Batallón de Artillería Nº2 La Popa.
LA FAMILIA Y LOS SECUESTROS
Sin embargo, en realidad las víctimas no pertenecían a un grupo al margen de la ley, sino que habían sido secuestradas por los paramilitares. Dos de ellas, Donaldo Antonio Gamero Barrios y Jader Enrique Hernández, según consta en el proceso adelantado por la justicia ordinaria, fueron reportadas como desaparecidas desde el 5 de junio de 2002.
Sus familiares denunciaron que fueron llevados por hombres reconocidos como paramilitares en un vehículo cuando se dirigían a trabajar en una ladrillera de Aracataca, Magdalena.
Mientras que la tercera víctima, Joaquín Alberto Bolaños Fonseca, había sido raptada desde el mes de diciembre de 1999. No obstante, sobre su secuestro existen diversas versiones por parte de los familiares.
Por un lado, según el expediente que tuvo la Fiscalía 88 Especializada y analizado por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la declaración rendida por Yaneth Cecilia Avendaño Bolaños indicó que a su hermano lo secuestraron el 23 de diciembre de 1999 en su vivienda.
“Llegó un grupo armado ilegal irrumpiendo por la fuerza a su residencia ubicada en el corregimiento Bellavista jurisdicción del cerro de San Antonio, Magdalena, sacando a sus dos hermanos Juan Carlos y Joaquín, a su padre, un tío y un cuñado, al único que asesinaron y dejaron en el pueblo fue a Juan Carlos de resto hasta el año 2012, no tenían conocimiento del paradero (…)”, reza un auto de la JEP al citar la declaración de Yaneth Avendaño tomada por la Fiscalía 88 Especializada.
Pero ahora, otra hermana, Delfina Bolaños, manifestó que Joaquín había sido raptado cuando viajó hacia la capital del Cesar.
“Se pregunta uno por qué se ensañaron con él, por qué lo acusaron tan feo y el sufrimiento de mi mamá. Era un joven que nada tenía que ver con los grupos armados y que lo único que le hizo falta fue tierra para trabajar porque trabajador sí era”, dijo la mujer.
Las familias duraron por mucho tiempo buscando a los jóvenes. Solamente hasta el 2004 identificaron al primero de ellos, a Jaider Enrique Hernández Jiménez, luego de que la Fiscalía ordenara cotejar la prueba necrodactilar tomada después de la muerte con los archivos de la Registraduría Nacional.
Los otros solo se identificaron en el año 2011 por un análisis que también mandó a hacer la Fiscalía durante la investigación.
UN ACUERDO
Según lo documentado por la JEP, los tres jóvenes habrían sido secuestrados, torturados y asesinados por los paramilitares; después entregados al Ejército por un acuerdo realizado con el entonces oficial de inteligencia, el mayor José Pastor Ruiz Mahecha.
“Ruiz Mahecha sabía que los paramilitares asesinaban personas para que uniformados de La Popa los presentaran como muertos en combate y participó de este acuerdo, incluso preparando documentación falsa que diera cuenta de supuestos combates para justificar las muertes. Así, conociendo que las víctimas habían sido asesinadas por los paramilitares y puestas en el lugar conforme se acordó entre aquellos y la comandancia del batallón, firmó y presentó el informe de patrullaje al mando del grupo especial Zarpazo, que reportó como bajas en combate las muertes de Jader Enrique Hernández Jiménez, Donaldo Antonio Gamero Barrios y Joaquín Alberto Bolaños Fonseca”, consideró la JEP.
LOS INVOLUCRADOS
Los crímenes los reconocieron los militares Yeris Andrés Gómez y Heber Gómez Naranjo, procesados por la JEP.
Los dos están a la espera de ser sancionados por esa jurisdicción tras la audiencia de reconocimiento celebrada entre el 18 y 19 del pasado mes de julio.
El exmilitar José Pastor Ruiz Mahecha, por su parte, será el tercer oficial que enfrentará juicio por no reconocer su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales.
Por Marllelys Salinas / EL PILÓN