La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP fijó para el 18 y 19 de julio la audiencia de reconocimiento de verdad de los 12 miembros del Ejército Nacional, que fueron imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad por el asesinato y desaparición forzadas que fueron ilegítimamente presentados como bajas en combate.
Dentro de los hechos relacionados con el Batallón de Artillería No. 2 La Popa fueron imputados en total 15 comparecientes de los cuales tres no reconocieron su responsabilidad por los hechos. Ellos son Publio Hernán Mejía Gutiérrez, Juan Carlos Figueroa y José Pastor Ruiz Mahecha, cuyos casos fueron enviados a la Unidad de Investigación y Acusación para dar trámite al proceso adversarial de ser vencidos en juicio se exponen a una pena de hasta 20 años de cárcel.
Durante la diligencia que se llevará a cabo en Valledupar (Cesar), los comparecientes que fueron imputados como máximos responsables de los ‘falsos positivos’ ocurridos en la Costa Caribe deben pasar del reconocimiento escrito que entregaron a la magistratura, a un reconocimiento público ante la justicia, las víctimas y la sociedad colombiana.
A la audiencia de reconocimiento fueron convocados miembros del Ejército que fueron declarados responsables por su participación determinante en el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira. Se trata de comparecientes que hicieron parte del Batallón La Popa entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.
Entre los convocados están: Alex José Mercado Sierra, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, Efraín Andrade Perea, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Elkin Rojas, Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, José de Jesús Rueda Quintero, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Manuel Valentín Padilla y Yeris Andrés Gómez Coronel.
En el proceso judicial participarán las autoridades indígenas kankuama, wiwa y las víctimas acreditadas en el Caso 03: Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, subcaso Costa Caribe y sus representantes judiciales, así como la Procuraduría Delegada con Funciones de Coordinación e Intervención ante la JEP.