Este martes 30 de julio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo la audiencia de seguimiento al régimen de condicionalidad, en el marco de la Ruta No Sancionatoria. En la diligencia participaron 10 militares que hicieron parte del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, y que comparecen ante la JEP por el homicidio de una indígena wiwa, menor de edad en estado de embarazo, llamada Noemi Esther Pacheco Sabata y un indígena kankuamo, Hermes Enrique Castillo Arias. Según el avance de las investigaciones, a las víctimas los presentaron falsamente como integrantes de un grupo armado y como supuestas bajas en combate.
Los hechos ocurrieron el 9 de febrero del 2005 en Atánquez, corregimiento de Valledupar. Fueron cometidos por el pelotón Dinamarca, a cargo de Boris Alejandro Serna Mosquera y el pelotón Espoleta 4, liderado por Omar Váquiro. Las víctimas estaban en una carpa cerca de la familia de Hermes, quienes le preguntaron dónde estaba alias El Indio, del frente 59 de las extintas Farc-EP, se los llevaron y tras ser torturados fueron asesinados.
El objetivo principal de la audiencia presidida por el magistrado José Miller Hormiga en compañía de la magistrada Claudia Saldaña, quienes integran la subsala Especial de Conocimiento y decisión Costa Caribe, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, fue que los comparecientes aportaran a la verdad plena, para esclarecer los hechos y limpiar el nombre de las víctimas y de ser necesario reconocer su participación en crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.
“Esta audiencia es la que antecede a la decisión definitiva, se busca conocer los aportes de verdad de los comparecientes y esto nos permitirá tomar una decisión por su caso. Algunos han aceptado responsabilidad en espacios privados, pero esperamos ver que públicamente acepten la responsabilidad frente a los hechos”, dijo José Miler Hormiga.
Así mismo se pronunció el cabildo Gobernador Kankuamo Jaime Arias. “Este acto generó repudio, precisamente hoy es una oportunidad para que se identifique el nombre de las víctimas, pero sobre todo que se conozca la verdad porque aún no hay satisfacción de lo que ocurrió de fondo y que sobre todo esto permite medianamente apaciguar el dolor de las víctimas y la afectación que se ha causado a los pueblos en el marco del conflicto”, indicó.
Los compromisos que estas personas deben adquirir están centrados en el aporte a la verdad, la no repetición y reparación de las víctimas.
Cabe anotar que la sala de la JEP tiene competencia frente a miembros de la fuerza pública, viene obteniendo información sobre todos los procesos penales.