Por: José Romero Churio
De antemano advierto que en modo alguno este escrito busca el desconocimiento y vulneración del derecho a la propiedad privada; sin embargo, considero razonable tener presente que el interés general prima sobre el interés particular, así lo proclama nuestra Constitución Política. Ante el cerramiento con postes de madera y alambre púa que hizo el ciudadano Manuel Bahamón, a la vía que comunica la glorieta “La Pilonera Mayor” con el sector que incluye el sitio recreativo “La Pedregosa” y varios barrios de la ciudad, el alcalde debe actuar acorde con las atribuciones que le confiere la ley.
El que las autoridades del municipio no le hayan pagado al mencionado ciudadano, el lote de terreno que le vendió para la construcción de la glorieta “La Pilonera Mayor”, no le permite la libertad de cercar tan importante acceso vial que, en verdad, es un irrespeto al vecindario y a todos aquellos que se transportan en vehículos por esta ruta.
Señor alcalde, el pueblo del municipio de Valledupar lo eligió para velar por el bienestar social. A usted, por mandato constitucional, le corresponde la jefatura de la policía municipal, por favor, gobierne de acuerdo con las funciones que le concede la ley. No demuestre signos de debilidad, de lo contrario todo el mundo hará lo que le venga en gana.
El alcalde, Fredys Socarrás Reales, de inmediato debió ordenar al estamento policial bajo su jurisdicción, el desmonte del cerramiento en mención, lógicamente, tomando las medidas pertinentes que faciliten la cancelación de los 3 mil trescientos millones de pesos que le adeudan desde hace ocho años al ciudadano Manuel Bahamón, a quien en realidad lo ha perjudicado la administración municipal de varios alcaldes.
Hasta cuando en nuestro país las autoridades actuarán al debido tiempo y no cuando la ciudadanía afectada tome medidas de hecho para obtener los beneficios que les corresponde como derecho social o por disposición legislativa.
Este es un problema grave en nuestro país, porque aun teniendo el recurso necesario, la politiquería lo despilfarra o lo desvía a otros intereses, especialmente para el enriquecimiento de los mandatarios de turno, quienes cuando los organismos de vigilancia y control los condenan e inhabilitan para ocupar cargos públicos, con el dinero usurpado ayudan a sus familiares o amigos leales, camuflaje que continúa con la cadena de la corrupción, cuya práctica impide el desarrollo colectivo equilibrado.
De antemano advierto que en modo alguno este escrito busca el desconocimiento y vulneración del derecho a la propiedad privada; sin embargo, considero razonable tener presente que el interés general prima sobre el interés particular, así lo proclama nuestra Constitución Política.
Ante el cerramiento con postes de madera y alambre púa que hizo el ciudadano Manuel Bahamón, a la vía que comunica la glorieta “La Pilonera Mayor” con el sector que incluye el sitio recreativo “La Pedregosa” y varios barrios de la ciudad, el alcalde debe actuar acorde con las atribuciones que le confiere la ley.
El que las autoridades del municipio no le hayan pagado al mencionado ciudadano, el lote de terreno que le vendió para la construcción de la glorieta “La Pilonera Mayor”, no le permite la libertad de cercar tan importante acceso vial que, en verdad, es un irrespeto al vecindario y a todos aquellos que se transportan en vehículos por esta ruta.
Señor alcalde, el pueblo del municipio de Valledupar lo eligió para velar por el bienestar social. A usted, por mandato constitucional, le corresponde la jefatura de la policía municipal, por favor, gobierne de acuerdo con las funciones que le concede la ley. No demuestre signos de debilidad, de lo contrario todo el mundo hará lo que le venga en gana.
El alcalde, Fredys Socarrás Reales, de inmediato debió ordenar al estamento policial bajo su jurisdicción, el desmonte del cerramiento en mención, lógicamente, tomando las medidas pertinentes que faciliten la cancelación de los 3 mil trescientos millones de pesos que le adeudan desde hace ocho años al ciudadano Manuel Bahamón, a quien en realidad lo ha perjudicado la administración municipal de varios alcaldes.
Hasta cuando en nuestro país las autoridades actuarán al debido tiempo y no cuando la ciudadanía afectada tome medidas de hecho para obtener los beneficios que les corresponde como derecho social o por disposición legislativa.
Este es un problema grave en nuestro país, porque aun teniendo el recurso necesario, la politiquería lo despilfarra o lo desvía a otros intereses, especialmente para el enriquecimiento de los mandatarios de turno, quienes cuando los organismos de vigilancia y control los condenan e inhabilitan para ocupar cargos públicos, con el dinero usurpado ayudan a sus familiares o amigos leales, camuflaje que continúa con la cadena de la corrupción, cuya práctica impide el desarrollo colectivo equilibrado.