El 15 de julio caduca la acción sancionatoria sobre cualquiera de los posibles hechos relacionados con la financiación ilegal de Odebrecht en la campaña presidencial de 2014. De no tomarse ningún correctivo en los siguientes tres días se mantendría el manto de impunidad frente a estos hechos, lo que pone de presente, una vez más, la urgencia de realizar una reforma a la institucionalidad electoral.
La declaración realizada por el Fiscal General Néstor Humberto Martínez a la opinión pública el pasado 7 de febrero de 2017 en rueda de prensa, sigue sin tener ninguna consecuencia para las personas y partidos políticos implicados. Pese a las advertencias hechas por la MOE hace unos meses, estamos ad portas de que nuevamente se presente la caducidad de la facultad del Consejo Nacional Electoral –CNE- para imponer sanciones sobre estos hechos, tal como ocurrió en las investigaciones sobre financiación de las presidenciales de 2010.
Para la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios Cabrera, “la falta de alguna decisión demuestra las precariedades del diseño institucional electoral actual y la urgencia que hay en hacer las reformas constitucionales dirigidas a darle independencia, autonomía y capacidad técnica y territorial al máximo órgano electoral”.
Para la MOE, es urgente que este Congreso apruebe vía Fast Track los aspectos relacionados con la arquitectura del sistema electoral, y que se encuentran en la reforma política que ya fue presentada al Congreso de la República. Los principales objetivos de la reforma en esta materia son:
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1. Brindar independencia a la autoridad electoral.
Es urgente que la autoridad electoral sea independiente de los intereses partidistas, para ello la reforma contempla modificar tanto los procesos de postulación como de elección de los miembros de la nueva autoridad electoral, sacando estos procedimientos del Congreso.
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2. Dar capacidad técnica y alcance territorial a la gestión de la entidad.
Es necesario que la autoridad electoral pueda hacer un control efectivo a las campañas electorales. Para ello es indispensable que el organismo cuente con autonomía administrativa y presupuestal para el cumplimiento de sus funciones, así como el fortalecimiento de las capacidades técnicas para el monitoreo y control de los recursos de financiación de la política. Adicionalmente, la presencia de funcionarios de la autoridad electoral en cada uno de los departamentos facilitaría el tener información veraz y en tiempo real del desarrollo de las campañas.
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3. Prontitud en la actuación de la autoridad electoral.
Afecta profundamente la democracia y la confianza ciudadana sobre las instituciones el que un funcionario elegido popularmente pueda ejercer su cargo durante el periodo correspondiente con mantos de duda sobre la manera en que se hizo elegir o, peor aún, que una sanción se haga efectiva una vez ya se ha entregado el cargo. Para ello, hay que disponer no solo de una autoridad fortalecida para adelantar las investigaciones, sino que adicionalmente se requiere de procesos que favorezcan la celeridad en sus actuaciones.
“Para la MOE, la no creación de un Tribunal Electoral es seguir apostándole a la impunidad”, enfatizó la Directora.
Si se toma en serio esta reforma política se evitaría repetir situaciones como la falta de acción y respuesta frente a escándalos en la financiación de campañas presidenciales. Al mismo tiempo, tendríamos mayor información sobre cómo opera en Colombia la financiación ilegal con recursos extranjeros y de contratistas del Estado.
Si bien es un caso que llama la atención por verse vinculado directamente el Presidente de la República, lo que más preocupa a la MOE es la cantidad de hechos similares de financiación y publicidad ilegal que les fueron entregados a la autoridad electoral, sin tenerse hasta el momento sanciones efectivas por los presuntos delitos reportados.