Faltando 11 días para el debate electoral de la segunda vuelta presidencial, la Plenaria del Senado aprobó la consulta popular anticorrupción con 84 votos a favor y 0 en contra. La consulta contiene 7 preguntas y cada una necesita más de 12 millones de votos, para iniciar el proceso de la conversión en Ley. Si bien, la aprobación de esta consulta es importante, la aceptación por la ciudadanía no es tan fácil teniendo en cuenta que en nuestro país son raros los mayores de edad exentos de acciones corruptas.
Una de las preguntas limita a tres periodos la reelección de los congresistas. Pongamos como ejemplo a la Fiscalía General de la Nación, aunque a sus jefes nunca los reeligen, es vergonzante sus complicidades en corrupción, como testimonio hago el inventario (para no decir prontuario) de los fiscales generales.
Gustavo de Greiff Restrepo, fiscal debutante en 1992, aunque no participa en actos indecentes, se le puede censurar su carencia de idoneidad y temple para asumir la enorme responsabilidad encomendada, por tanto su actuación pasó sin pena ni gloria.
Alfonso Valdivieso Sarmiento, jurista de poca monta, más incompetente que el prístino fiscal. Por ende, la Fiscalía continúa en contrasentido, especialmente en lo correspondiente a la aplicación de justicia a los delincuentes de cuello blanco.
Alfonso Gómez Méndez, ilustre personaje con gran palmarés. Su gestión principal fue desligar a Ernesto Samper Pizano del proceso ocho mil, pese a las evidencias del aporte del cartel de Cali a su campaña presidencial; mejor dicho, no tuvo voluntad ni decencia para garantizar la competencia de la Fiscalía.
Luis Camilo Osorio Isaza, calificado como inepto. Es investigado por presunto favorecimiento a grupos paramilitares, revelación de Salvatore Mancuso, comandante paramilitar extraditado a Estados Unidos, donde paga condena por tráfico de cocaína.
Mario Iguarán Arana, tuvo en la nómina de la fiscalía a un mentalista conocido como alias ‘El brujo’, fue notable su influencia en las decisiones de este fiscal, que termina su periodo bajo la exigencia de su renuncia por la denuncia de su complicidad con narcoparamilitares, que fueron acusados de ayudarlo a escogerlo como fiscal.
Guillermo Mendoza Diago, fiscal interino durante año y medio, por la pugna de poderes entre el presidente Álvaro Uribe Vélez y la Corte Suprema de Justicia. Salpicado en el escándalo de Fidupetrol y el magistrado Jorge Pretelt.
Viviane Morales Hoyos, la única mujer en llegar a ocupar tan alto puesto, que solo lo mantuvo por un año y dos meses, ya que el Consejo de Estado anuló su elección por ilegal, en razón de una demanda ciudadana.
Luis Eduardo Montealegre, nada menos que abogado defensor de la EPS SaludCoop, que usurpó 1.4 billones de pesos al sistema de salud.
Néstor Humberto Martínez, funge como fiscal impoluto, pero los lectores saben que es un ‘enmermelado’, por el sector oficial y por las empresas privadas que les han pagado sus buenos servicios. Más cínico que su antecesor.