Desalojo se mantiene para este miércoles
Los habitantes de las invasiones Tierra Prometida y Emmanuel, protestaron en la mañana de ayer, en las afueras de la Alcaldía de Valledupar, para exigir al alcalde Fredys Socarrás, que se les garantice un albergue tras ser desalojados el miércoles 28 de noviembre.
Una comisión de ambas invasiones, ubicadas al sur de la ciudad se reunió con el mandatario municipal para solicitar que se pare la diligencia o que les busquen un lugar para donde llevar a sus familias.
Ángel Alberto Campo, representante de los habitantes de Tierra Prometida, dijo que la propuesta es que los predios donde están alojados actualmente sean entregados en comodato a la Alcaldía y estos sean sus albergues, mientras obtienen su solución de vivienda.
Aseguró, que el subsidio para arriendo de $140 mil que se anunció solo lo recibirán 720 familias desplazadas que están en las invasiones, pero quedan en el ‘limbo’ otras 1.300 que son vulnerables.
“Ellos deben tener una base de datos de a quienes le han dado subsidios y le pedimos que lleguen a la comunidad con la Policía, Personería y con todas las autoridades y con esos datos vayan sacando a los que tienen casa y a los que no, los dejen para que se vea la gestión”, explicó.
A su vez, Obdulio Jiménez, uno de los protestantes, recordó que el mandatario en una anterior protesta les manifestó que para ellos no iba a haber desalojo.
“Nosotros no queremos quedarnos con los predios de nadie, queremos es una solución y que hagan un censo nuevo por personas que no tengan nada que ver con el Gobierno, porque el que está no está bien”.
Por su parte, Orlando Granados, también invasor resaltó que es obligación según la sentencia, que la Administración les brinde los albergues y no se les está brindando esta alternativa.
“Queremos que se llame al dueño de las tierras e incluso a representantes del Gobierno Nacional, para buscar soluciones de un modo pacífico”.
En firme desalojo: Alcalde
Respecto a las peticiones de los invasores, el alcalde Fredys Socarrás, reiteró que sigue en firme la decisión del desalojo porque hay que acatar las decisiones judiciales y el Municipio ya realizó una gestión de vivienda para estas familias.
“Aspiro a que ellos entiendan que van a ser beneficiarias, pero el alcalde tiene que acatar las decisiones judiciales. Nosotros estamos apropiando 341 millones de pesos, para que las familias víctimas del conflicto, puedan tener un arriendo durante tres meses, que puedan estar allí albergadas en la tranquilidad para los niños y adultos mayores”.
Agregó, que además se hizo una gestión ante la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema -ANSPE- para que estas familias, que están censadas sean incorporadas en sus bases de datos y puedan beneficiarse de alrededor de 4.400 viviendas que va a entregar este Municipio el próximo año y que ya se están construyendo.
Socarras Reales, anunció además que la seguridad estará garantizada y que la Administración está comprometida con darle una solución social a este problema.
“Pero la gente tiene que entender y tener la espera suficiente de darnos el tiempo de que estas viviendas estén construidas. La seguridad está garantizada y el apoyo logístico para que esto se haga pacíficamente. Una familia que sepa que le van a dar una vivienda en menos de un año y va a venirse con medidas de hecho, eso no lo podemos aceptar, por eso yo lo he dicho familia o persona que lleguen a actuar con vandalismo a poner en riesgo la seguridad ciudadana, pues no lo podemos premiar dándole vivienda el próximo año, porque estamos prácticamente estimulando el desorden y la ilegalidad, aquí hay que tener buen comportamiento para estar beneficiado con los programas sociales del gobierno”.