Habitantes de diferentes invasiones de la ciudad, protestaron en la gobernación del Cesar, para exigirle a la administración departamental y al gobierno municipal una vivienda digna y que se replantee el tema de desalojo en las invasiones de la ciudad.
Los invasores realizan las exigencias debido a la respuesta dada por la Corte Constitucional, cuando un grupo de ciudadanos presentaron una acción de tutela en contra de Acción Social, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, para exigir el derecho a una vivienda digna.
El secretario de Gobierno Departamental, Augusto Ramírez Uhía, se acercó a los manifestantes y les expresó “la administración departamental está trabajando en la problemática del desalojo de las invasiones, se debe mostrar una actitud positiva para este fallo, actualmente hay un déficit de tierra, para hacer el albergue temporal, estamos trabajando para armar una mesa de diálogo y concertar el tema, nosotros como administración estamos trabajando en la apuesta de las 20.000 viviendas para darle solución a esta problemática”
Por su parte José Armando Gutiérrez, manifestante, señaló que “el motivo fundamental de la protesta es exigir una vivienda digna y hoy en día los habitantes de las invasiones de Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizontes II de Valledupar, están viviendo una situación precaria y hace dos meses no cuentan con el servicio de energía, además nosotros en su gran mayoría somos personas desplazadas por lo tanto estamos exigiendo el derecho fundamental a una vivienda digna”
Vivienda para los desplazados
Según la sentencia de la Corte, la T-946 de 2011, que dio respuesta a una tutela instaurada por algunos invasores en contra de Acción Social, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, determinó que en los próximos días las invasiones deberán ser desalojadas y reubicadas las familias en condición de desplazamiento para garantizarles sus derechos, principalmente el derecho a una vivienda digna.
La sentencia determina, entre otras consideraciones, que sólo los desplazados tienen el derecho prioritario a la vivienda y los demandados deberán adoptar decisiones en cuanto a las políticas de vivienda de interés social. Esta decisión involucra a la Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar y la misma Presidencia de la República
El Defensor del Pueblo, deberá darle seguimiento al cumplimiento del fallo e informar sobre los avances y dificultades para su ejecución. Esta decisión de la Corte es un instrumento jurídico para comenzar a solucionar el grave problema social de las invasiones en Valledupar.
Luego de un censo realizado Acción Social, en un término inferior a tres meses deberá valorar las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas desplazadas para concluir acciones que garanticen en acceso a programas de atención y estabilización a los que tienen derecho.