Hablar de las invasiones en Valledupar genera opiniones encontradas entre los habitantes. Hay quienes aseguran que la mayoría de los que se apropian de un predio privado, lo hacen con la intención de beneficiarse con el programa de viviendas gratuitas del Gobierno Nacional.
Esto ha provocado inconformismo entre las personas que llevan más de 10 años trabajando y no tienen casa o apenas están en proceso de comprar una a precios superiores a los 50 millones de pesos.
Pero también están aquellos que dicen que invadir es la única manera cómo pueden obtener un hogar digno, debido a que no tienen los recursos suficientes para adquirir su casa propia.
Sin embargo la Alcaldía de Valledupar, a través de la formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, POT, que pronto entrará al Concejo Municipal para ser debatido, propone legalizar siete de las 12 invasiones que hay en la capital del Cesar y las otras cinco restantes serían desalojadas.
“Esta es una de las acciones que están plasmadas en la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial. La intención es normalizar la situación de muchos de los habitantes del municipio que se encuentran en unas condiciones de habitabilidad bastante precarias y uno de los caminos más considerados para esta normalización es la legalización”, expresó Raúl Fernando Villegas Ochoa, jefe de la oficina de Planeación de Valledupar.
¿Un negocio?
Sobre los terrenos particulares que fueron invadidos, la administración municipal ya expidió resoluciones de desalojo, procesos que se llevarán a cabo en los próximos días, apenas la justicia decida sobre las tutelas interpuestas por abogados que se presentan como los representantes legales de las comunidades invasoras. Mientras esto se decide, la decisión de desalojo se congela.
Debido a esto la Secretaría de Gobierno Local solicitó a la Policía Nacional adelantar investigaciones al respecto y aunque dichos juristas no están cometiendo ningún delito, las pesquisas se concentrarán en personas que estarían incitando a la ciudadanía a invadir terrenos privados y del municipio que posteriormente venden.
Según los registros de los censos que ha hecho la Alcaldía, han detectado personas que tienen hasta cuatro lotes en diferentes asentamientos, terrenos que son vendidos por cifras irrisorias, que no superan los 700 mil pesos.
“Cuando invaden comienzan a llamar a otros, luego venden y van a otro lado, se han encontrado que hay personas que tienen más de cuatro lotes en invasiones de Valledupar. La investigación que se tiene que comenzar es quién comienza la invasión y si se mantiene ahí o se va para otro lado y como lo tiene como negocio”, precisó el Secretario de Gobierno Municipal, Carlos Mario Céspedes.
La forma de actuar de ciertos abogados ha despertado sospechas entre las autoridades que han estudiado su modo de operar. Cuando hay un sinnúmero de invasores, entra en escena el jurista en calidad de representante para evitar el desalojamiento, presentando una tutela como amparo legal, asesoría que paga cada familia, que debe aportar entre 10 y 20 mil pesos.
“En el momento que se va presentar una diligencia de desalojo actúan en defensa de los invasores, pero no tenemos pruebas de que los están incitando”, indicó Carlos Céspedes.
Recientemente EL PILÓN publicó un informe en el que el Secretario de Gobierno Local asegura que las invasiones estarían lideradas por bandas que invitan a personas, en este caso a desplazados por la violencia, para que invadan cualquier espacio privado o del municipio.
“La solicitud es en especial para la Sijin, para que comience a investigar cuáles son esas bandas que se dedican al tema de las invasiones y posterior venta de lotes. Vamos a adelantar los procesos de judicialización con estas personas porque cada vez hay más invasión de tierras”, aseveró Carlos Céspedes.
Legalización de invasiones será una millonaria inversión
Se estima que la implementación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial tendría un costo entre 40 mil y 50 mil millones de pesos para beneficiar a cerca de nueve mil familias.
El POT propone legalizar a siete invasiones de las 12 que hay en la capital del Cesar, con las otras, el Alcalde Fredys Socarrás dijo que se iban a desalojar.
“Lo que hay que hacer es ejercer la autoridad como lo hemos venido haciendo sin politiquería y sin pereza, desalojar esas invasiones haciendo respetar el derecho de los entes privados, hay que seguir trabajando en el desalojo”, anotó Socarrás Reales.
Las invasiones se han convertido en un desafío para el desarrollo de Valledupar, debido a los recursos que se podrían invertir en otras obras tienen que destinarse para desalojar los predios que ocupan muchas familias, además hace que la ciudad crezca sin ningún tipo de planeación, en cuanto a servicios públicos porque no solo se pierden recursos sino que se pone en riesgo la prestación de los mismos.
En este caso el servicio de energía eléctrica, que según el último reporte de Energía Social, la deuda de los asentamientos subnormales de Valledupar supera los 7.000 millones de pesos.
“Los 30 barrios subnormales están facturando mensualmente en consumo alrededor de 400 millones de pesos, de los que sólo están pagando 32 millones, lo que significa que se viene acumulando una deuda que genera pérdidas para la empresa prestadora del servicio. Mes a mes están adeudando alrededor de 168 millones de pesos en promedio, hasta el momento las deudas superan los 7.000 millones de pesos”, explicó una funcionaria de Energía Social.
El jefe de la oficina de Planeación municipal señaló algunos de los requerimientos básicos para la legalización de las invasiones entre las que se resaltan que tengan disponibles algunos de los servicios públicos y que no estén en zonas de alto riesgo.
La legalización es una herramienta que otorga la Constitución Nacional a las entidades territoriales, en este caso a la alcaldía de Valledupar, para normalizar este tipo de asentamiento humanos que están sin título de propiedad y que por la informalidad en la que se encuentran no tienen completa la disponibilidad de servicios públicos.
“Eso es un proceso complicado, largo, pero terminan por ordenar estos asentamientos informales. Son tres los requerimientos básicos para llevar a cabo la legalización, primero que estén en zona de alto riesgo, segundo que tengan consolidado el asentamiento como barrio y tercero que tengan disponibilidad de algunos servicios públicos y que lleven tiempo allí viviendo”, explicó Raúl Villegas Ochoa.
Además deberán cumplir con el 25 % de espacio que establece la norma para las áreas de cesión, con los perfiles de las vías que en algunos casos son muy son angostas, “hay que hacer todo un tratamiento para que se vinculen a la ciudad formal, cumpliendo los requerimientos de ley particularmente vías y espacio públicos”, precisó Villegas Ochoa.
Los predios privados
“En el caso de terrenos privados que hayan sido invadidos tocaría llevar un proceso adicional, que es el de declaratoria de utilidad pública, para que la Alcaldía pueda adquirir a sus propietarios esos predios. Mientras que en los barrios en los que existe sentencias judiciales para que se desalojen, ya existirá algún otro programa de choque para que sean trasladadas o reubicadas las familias de estos predios en los que hay una sentencia previa”, dijo Raúl Villegas.
Al tiempo dijo que la Administración Municipal no está permitiendo que más personas irrumpan en terrenos privados o de Valledupar, “cualquier conato de invasión enseguida es repelido por la fuerza pública y con el acompañamiento de la Alcaldía”.
Con los asentamientos que están en la margen derecha del río Guatapurí se adelantan medidas para trasladarlas y reubicarlas debido a que están ubicadas en zona de alto riesgo.
Que dice la gente
Luz Marina Molina, es una madre cabeza de familia que desde hace 18 años reside en el barrio ‘El Paraíso’ en la margen derecha del río Guatapurí, dijo que no abandonará el lugar donde está viviendo porque las casas donde serán reasentados no cumplen con las comodidades que tiene la suya.
“Nosotros no somos invasores, yo tengo la escritura de mi casa, pago mi impuesto predial y servicios, pero ahora nos quieren sacar de ahí, para tirarnos por allá para darnos casas palomeras, yo no voy a cambiar mi casa con cuatro cuartos, baños, sala y comedor”, manifestó la residente y agregó que está de acuerdo con los desalojos pero que se deberían hacer en las condiciones óptimas.
¿Sabías qué? Recuadro
Para que una persona se haga acreedora de las viviendas que otorga el Gobierno Nacional, es necesario que lleve varios años viviendo en la capital del Cesar, “hay que estar pendientes por medio del Sisben cuántos años lleva la persona de estar en una invasión de Valledupar, porque no es justo que una persona que apenas lleva un año de estar aquí acceda a una vivienda gratuita y que alguien que con su familia ya tiene más de 10 años en una invasión de la ciudad, se quede sin un hogar, eso lo estamos haciendo para que no se presenten esas irregularidades porque sabemos que se pueden presentar estos casos”, explicó Fredys Socarrás, Alcalde de Valledupar.
Puntos de vista
Luz Marina Molina, ama de casa
Que nos den una casa al acomodo que tenemos nosotros o que nos compren, si me conviene yo veré si recibo la plata o no. Pero sabiendo que tenemos escrituras no es posible que el gobierno nos vaya a desalojar.
Germinio Rincón
Sobre los desalojos a veces es buscado por la gente que ya le han dado casa y nuevamente vuelven a la margen derecha que es donde más se ven los desalojos. Yo pienso que por un lado el gobierno actúa bien.
Mohamed Osman Díaz
Mohamed.osman@elpilon.com.co