Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
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La problemática de las invasiones en Valledupar persiste, luego de la sentencia de emitida por la Corte Constitucional, T-946 de 2011, que dio respuesta a una tutela instaurada por algunos invasores en contra de Acción Social, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, que determinó que en 20 días, las invasiones deberían ser desalojadas y reubicar a las familias en condición de desplazamiento para garantizarles sus derechos, principalmente el derecho a una vivienda digna; han pasado alrededor de 16 meses y no hay respuesta.
Ahora, el Juez Segundo Civil del Circuito de Valledupar llamó al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco; al alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales, y al Defensor del Pueblo seccional Cesar, Agustín Flórez Cuello, por el supuesto incumplimiento de la orden de desalojo en las invasiones; el 28 de noviembre del año anterior el Juez Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar ordenó frenar el desalojo planeado en las invasiones Emanuel y Tierra Prometida, por no cumplir la Administración Municipal con la oferta de albergues.
El próximo 22 abril, los dos mandatarios departamental y municipal, deberán explicar en audiencia personal e inderogable, las razones por las que incumplieron el fallo de tutela con incidente de desacato que ordenó la Corte, para evacuar a los invasores Brisas de La Popa, Altos de Pimienta, Los Guasimales, y Bello Horizonte.
Invasores de Tierra Prometida y Enmanuel denunciaron que nunca han recibido visita de los entes de control obligados por el fallo de la Corte, tampoco por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF y Acción Social.
Mientras la lucha sigue, más de 11 invasiones siguen ocupando territorios ajenos a su propiedad y los primeros dirigentes del Cesar y Valledupar deberán rendir cuentas de cómo retornarán los terrenos a sus propietarios.
La orden de la Corte
La sentencia de agosto de 2012 determina, entre otras consideraciones, que sólo los desplazados tienen el derecho prioritario a la vivienda y los demandados deberán adoptar decisiones en cuanto a las políticas de vivienda de interés social; esta decisión involucra a la Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar y la misma Presidencia de la República.
La Corte Constitucional impartió en su momento una serie de órdenes a la Alcaldía, a la Gobernación del Cesar y al programa presidencial Acción Social. Así, el alto tribunal ordenó: realizar un censo de las familias asentadas en el predio para identificar qué personas tienen la calidad de desplazados por la violencia; reanudar la diligencia de desalojo que está suspendida; y garantizar un albergue provisional a todas las personas desplazadas asentadas en el predio. Para todo ello la Corte fijo plazos perentorios y de estricto cumplimiento.