Las personas que están privadas de la libertad en la Estación La Permanente y la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía de Valledupar podrían quedarse sin alimentación por determinación del nuevo consorcio que adquirió el contrato del servicio básico.
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La decisión corresponde a que en lo corrido de los años las empresas contratistas, sin tener aparentemente obligación, han cubierto la alimentación de los centros de paso, a pesar que son responsabilidad de la administración municipal.
Ciro Pérez Escalante, abogado encargado de temas penitenciarios de la Personería Municipal, indicó que el aviso la contratista lo dio a conocer a finales del mes de marzo, por lo que en cualquier momento el suministro de comida será suspendido.
“Lo que sucede es que estas empresas que prestan el servicio tienen que sacar de las raciones contratadas una parte para darles a los demás. A pesar que dentro del ordenamiento jurídico existen dos tipos de personas: las condenadas y los sindicados, y estos últimos son responsabilidad del municipio”, explicó el funcionario público.
En ese sentido, la Personería Municipal elevó un oficio al alcalde municipal, con copia a la Secretaría de Gobierno y Secretaría General, para alertarlos de la situación y tomarán cartas sobre el asunto.
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No obstante, hasta este miércoles la administración municipal no había dado respuesta a la Personería. Asimismo EL PILÓN contactó al secretario de Gobierno, Luis Galvis, sobre el tema, pero guardó silencio.
Mientras tanto, las inconformidades de los reclusos en torno a la alimentación continúan siendo un problema para las autoridades en la capital del Cesar.
UN INTERNO EN HUELGA DE HAMBRE
Un ejemplo de lo anterior es el interno Jaime Serrano, recluido en la Penitenciaria de Mediana y Máxima Seguridad, conocida como ‘La Tramacúa’, quien desde el pasado martes se declaró en huelga de hambre, ante el descontento por las raciones y los horarios en los que suministran los víveres dentro del penal.
La Procuraduría General de la Nación a inicios de marzo informó que inició una acción de vigilancia, control e indagación sobre el servicio de alimentación en ‘La Tramacúa’.
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La supervisión es para verificar las denuncias de baja calidad en la comida, atrasos en el tiempo de entrega y la aparente poca cantidad entregada a los 1.500 hombres privados de la libertad.
POR: REDACCIÓN EL PILÓN.