Se torna preocupante la situación de la regional Cesar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Son muchas las falencias que en el momento se registran en su accionar institucional.
El principal problema que enfrenta el ICBF en el Cesar es la interinidad administrativa, situación de la que no escapa la mayoría de regionales del país debido a los múltiples inconvenientes de la elección de los directores, cuyo concurso de méritos ha sido lento y tortuoso, pero en el caso nuestro es más complicado en razón a que la dirección de esta entidad ha sido demasiado intermitente.
En el Cesar el ICBF, en menos de un año, ha pasado por manos de cuatro directores encargados, cambios que, según líderes de las madres comunitarias, se dan de manera inesperada y sin ninguna explicación o justificación de peso.
Desde luego que esa intermitencia administrativa da al traste con los buenos procedimientos y procesos que requieren de seguimientos en el tiempo para garantizar el cumplimiento de los objetivos, situación que está afectando a 1.300 madres comunitarias en el Cesar, de las cuales 705 corresponden a Valledupar, quienes no pueden desempeñar el ciento por ciento de sus funciones por las diversas dificultades de orden administrativo, entre ellas el no pago oportuno de sus honorarios y demás derechos adquiridos.
El malestar no es solo de esas 1.300 madres comunitarias, sino que también trasciende a la población sujeta de atención del ICBF, en especial los niños, madres gestantes y lactantes consideradas vulnerables y que requieren de la ayuda del Estado.
Aseguran las voceras de las madres comunitarias que muchos de los programas del ICBF están paralizados y los que funcionan lo hacen a media marcha. “Aquí nadie dice nada y del orden nacional tampoco hay quien responda”, expresó angustiada una líder de ese gremio.
Hablan de mal ambiente político interno en los centros zonales por parte de algunos funcionarios antiguos y que están anclados en sus puestos. Al mismo tiempo denuncian que los proveedores de insumos y de varios servicios no están cumpliendo con sus obligaciones por falta de pagos.
En fin, la situación es caótica y por ello es urgente que se defina de una buena vez la escogencia del nuevo director en propiedad, cuyo concurso ya se hizo y fueron seleccionadas las personas con mejores puntajes, solo se está a la espera de que la Universidad Nacional desarrolle las entrevistas y de ahí surja la terna que debe ser enviada a la gobernadora del Cesar para que ella decida.
Ante todo esto, pareciera que en el Cesar se nos olvidara la enorme responsabilidad del ICBF, una entidad creada como institución bandera en la protección y el bienestar de la familia. Por favor, garanticemos que se cumpla su misión: asegurar el desarrollo integral y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Es cierto que en otros departamentos se vienen presentando dificultades. En meses recientes ha estado en el foco el ICBF en la vecina Guajira porque al protegerse a los niños desnutridos en el desierto la primera referencia es el Instituto. Pero en el Cesar además se evidencia una descoordinación con otras entidades que también ejecutan la política social del gobierno nacional, lo que está afectando a la red de cuidados y la atención a la población más necesitada.