La seguridad, la tranquilidad de moverse en la ciudad o entre una población y otra, en el mismo departamento o en la Costa Atlántica, sigue siendo uno de los bienes más preciados para los colombianos, en general, y en particular para los habitantes del Cesar.
Ese es un activo precioso y valorado por todos, ricos, pobres y acomodados: la posibilidad de poder montarse en un bus o coger el carro para viajar a la Guajira, a Santa Marta o Barranquilla, en el caso de los habitantes de Valledupar y el Cesar.
Por eso, los hechos ocurridos en las últimas semanas en varios puntos de las carreteras del Cesar y la Guajira, pero principalmente en la vía entre San Diego y Codazzi, con ataque a buses transportadores de empleados y a vehículos pequeños y particulares de contratistas de las empresas mineras o el ataque cobarde a tiros de fusil del carro de un sencillo ingeniero, como fue el caso del joven Jesús Ernesto Zuleta Blanco, traen a la mente las tristemente célebres pescas milagrosas, realizadas por las FARC.
¿La gente, el ciudadano común y corriente, no se explica como un supuesto pequeño grupo de hombres y mujeres armadas, con dos motos y un carro, puedan tomarse la vía en mención por unos pocos minutos y hacer lo que les de la gana, quemar varios carros, matar a una persona y herir a otras, cuando a pocos kilómetros hay un puesto de Policía en la población de San Diego?. Por supuesto, es un acto de terrorismo; no hay otra forma de llamarlo…
Y ante eso, la dirigencia cesarense de manera unida, con el gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, a la cabeza, los gremios todos y la ciudadanía, los usuarios de la vía, lo único que piden son resultados: más controles, más patrullajes, más inteligencia y presencia de la autoridad en las carreteras. Se requiere mayor presencia del Ejército Nacional y de la Policía de Carreteras en las vías del Cesar y de toda la región.
Esos retenes y atentados contra la población civil, protagonizados – presuntamente- por las FARC, hoy en trance de diálogos con el gobierno, en caso de que así fuere, no tienen ninguna justificación. Son simple y llanamente actos terroristas; son hechos contra la población civil y que en nada contribuyen a crearle un buen ambiente a los diálogos de paz, próximos a iniciarse en Cuba, la próxima semana.
Obviamente, hay que reconocer que se trata de un problema nacional, que afecta, en mayor o menor proporción, a todas las ciudades del país, pero, en nuestro caso tiene matices regionales como es el hecho de ser un departamento fronterizo, objeto del contrabando de combustible y también con presencia de bandas criminales y otros grupos ilegales armados.
Ojalá las autoridades puedan retomar pronto el control de estas vías, insistimos con más operaciones de registro y control, más coordinación entre el Ejército y la Policía Nacional, retenes y con elementos nuevos como las Cámaras de seguridad en varios puntos, como lo ha anunciado a este diario, el gobernador Monsalvo Gnecco.
Por supuesto, el éxito de los programas y medidas de seguridad exige, debemos insistir en ello, una actitud preventiva por parte de la ciudadanía en sus casas, en la cuadra, en el barrio y en sus negocios, en las carreteras, como también una
colaboración solidaria, decidida y valiente de la gente cuando encuentre alguna situación o persona sospechosa en las carreteras y calles del Cesar.