La Constitución Política con el firme objetivo de auspiciar el acceso a movimientos sociales y políticos a los escenarios democráticos del país, de acuerdo con el precepto constitucional, mediante la Ley 130 de 1994 y la Ley 1475 de 2011 incorporó en la democracia colombiana la figura de los Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC), buscando con ello, que movimientos sociales, líderes civiles o comunitarios y ciudadanos en general tengan la posibilidad de participar en las elecciones, apoyados por la recolección de un determinado número mínimo de firmas de ciudadanos.
El descredito, despotismo y los obstáculos que presentan la mayoría de partidos, movimientos y casas políticas han generado un auge en las candidaturas a través de la recolección de firmas, buscando con ello, los aspirantes a candidatos demostrar independencia, inclusión, voluntad popular y democracia participativa que les garantice el respaldo y confianza de la gente y les permita alcanzar llegar a las altas esferas del poder.
Es tan creciente el boom de inscribir candidaturas por los grupos significativos de ciudadanos que de acuerdo con el segundo reporte de esta figura por la Misión de Observación Electoral (MOE) evidenciamos que, en apenas cuatro meses de calendario electoral, los grupos registrados ya superan en un 83.8% los grupos registrados en el mismo periodo para las elecciones de 2019.
Aunque la figura se ha convertido en una herramienta de vital importancia para los ciudadanos sin ideología política e independientes, también es cierto que es utilizada y aprovechada por políticos que previamente han estado ligado a los partidos, impulsados por estrategia política, deciden reunir firmas para postular su candidatura y sacar provecho al vacío legal y falta de reglamentación que presenta esta figura y el sistema electoral colombiano.
Esta iniciativa es un gran avance en la democracia y sistema electoral colombiano, puesto que brinda la oportunidad a muchas personas alejadas a las ideologías y argucias de los movimientos o partidos políticos, para que se presenten como una alternativa de cambio a las viejas maquinarias y mediante la recolección de firmas avalen sus candidaturas, pero se hace necesario su reglamentación, para que no sea utilizada como estrategia de algunos embaucadores, como plataforma política anticipada o mecanismo para evadir la doble militancia y así lograr su cometido de acceder al poder.
Es por ello, que se debe legislar, reglamentar y llenar los vacíos jurídicos de los grupos significativos de ciudadanos para fortalecer su propósito de cerrar el excluyente sistema partidista y estableciendo una democracia mucho más participativa e incluyente, obstruyendo la puerta a los oportunistas, que inician con esta herramienta para terminar avalados por un determinado partido político, desnaturalizando su esencia y menoscabando la confianza de la gente con este instrumento.
Por Diógenes Armando Pino Sanjur