El gobierno colombiano, las Farc y la Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informaron ayer que empezó la primera fase de capacitación del grupo de mujeres y hombres que harán parte del mecanismo tripartito encargado del monitoreo y la verificación del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, en el marco de la etapa preparatoria a la activación de este mecanismo.
“Resaltamos como un hecho histórico que durante una semana partes enfrentadas durante más de 50 años, se reúnan con el acompañamiento de la Misión de la ONU, para capacitar a 80 integrantes que liderarán el monitoreo y la verificación conjuntos a nivel nacional y regional”, precisaron en un comunicado.
Entre las mujeres y hombres observadores internacionales de la Misión, están delegados de ocho países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC): Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay.
La capacitación, que se extenderá hasta el próximo 6 de septiembre en Popayán, es realizada por instructores del Gobierno Nacional, las Farc y la Misión de la ONU. Es un ejercicio teórico-práctico que comprende varios aspectos del Acuerdo Final, en especial el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas, y los protocolos que regularán la actividad del mecanismo de monitoreo y verificación.
En las varias sesiones de estudio y trabajo se incluye la metodología de verificación, aspectos logísticos, de seguridad, de los procedimientos operativos para las zonas veredales transitorias de normalización y los puntos transitorios de normalización, y temas de género, entre otros aspectos. La capacitación comprenderá además ejercicios prácticos para reforzar los conocimientos adquiridos.
Este primer nivel de capacitación es no solo el inicio de la materialización de los acuerdos alcanzados en La Habana, sino también del compromiso de los integrantes del mecanismo para consolidar un proceso confiable y transparente de monitoreo y verificación, que dé plenas garantías a las comunidades y la sociedad en general.