El video grabado por estudiantes de la Institución Educativa Minas de Iracal, sede San Quintín, jurisdicción del municipio de Pueblo Bello, donde se observa que los menores reciben arroz blanco, un pedazo de plátano cocido y bebida, como parte de la ración alimentaria del Programa de Alimentación Escolar (PAE) causó revuelo en redes sociales y el repudio de la comunidad en general.
Tras la queja, tanto la Gobernación del Cesar como la Alcaldía de Pueblo Bello, negaron en un principio su responsabilidad en la contratación del PAE en esa zona rural.
Sin embargo, en la mañana de este viernes, en el marco de la polémica suscitada en la red social Twitter, el ente departamental aclaró que inició un proceso y medidas contra la Asociación Indigena Wayuu por posibles irregularidades con el PAE en Pueblo Bello.
“El Gobierno del Cesar inició proceso frente a esta situación que por norma opera la misma comunidad indigena, no la Alcaldía, por su autodefinición y costumbres. Si los alimentos no cumplen, el rector de la institución no los debe recibir ni firmar planillas de recibido”, fue el trino de la Gobernación del Cesar en respuesta a los reclamos de los usuarios de esta red social.
Por su parte, el alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque Barón, aclaró que ese municipio no opera el servicio de alimentación escolar.
De acuerdo con la información suministrada por el burgomaestre, el contrato de suministro del PAE se celebró entre el departamento del Cesar y Asociación de Autoridades Indígenas Wayuu Territorio Isho, por valor de $524.223.000.
A raíz de estos hechos, la Asamblea del Departamento del Cesar propuso realizar un debate de control político para citar a los directivos del Institución Educativa Minas de Iracal, sede San Quintín, la Secretaría de Educación Departamental, al contratista Asociación de Autoridades Indígenas Wayuu Territorio Isho y la Personería de Pueblo Bello.
“Quiero que vengan acá y nos aclaren la situación porque no queremos que esto siga pasando. Este es un recurso sagrado, el tema de la alimentación escolar de los niños es un tema muy sensible. No podemos decir que fue que descontaron la ración porque no fue lo que se contrató”, dijo el diputado Jorge Barros Gnecco, mientras que resaltó que este contrato cubre 10 sedes educativas en el corregimiento Minas de Iracal y otras dos sedes en el centro educativo Dionisia Alfaro.
A su turno, el diputado Ricardo Quintero Baute dijo que aunque sea la comunidad indígena que opera como contratista del PAE, esto no debería escatimar la supervisión de la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Pueblo Bello.
“Tiene que ver la Gobernación del Cesar para valorar este tipo de proveedores y de empresas si cumplen o no cumplen. El Alcalde de Pueblo Bello no contrata pero es su territorio, por ende, le corresponde supervisar al lado del personero como se están entregando esas raciones”, acotó Quintero Baute.
MEDIDAS
Ante esta situación, la Gobernación del Cesar, funcionarios de la secretaría de Educación, y la interventoría, se trasladaron hasta esa población, para verificar en terreno la situación, adelantar una mesa de trabajo, y determinar las responsabilidades, a fin de adoptar medidas, en caso de comprobarse las irregularidades, conforme a los mecanismos legales que corresponden.
“Nos llegó el video donde se observa un faltante de la proteína, lo cual nos parece bastante grave; estamos haciendo una visita, con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario, veedores y comunidad en general, verificando en el sitio las causas, tomando las evidencias necesarias y levantando las actas, para hacer un contraste de lo contemplado en el contrato y las minutas que fueron previamente establecidas para cada uno de los meses y la prestación de este servicio, y con ocasión a ello, sí efectivamente podemos tomar las medidas que correspondan, determinando la gravedad de la situación en cada caso concreto”, puntualizó García.
KAREN LILIANA PÉREZ / EL PILÓN
@karenperezcol