La comunidad vallenata amaneció el martes conmocionada con la noticia de un posible secuestro de un niño, por parte de varios hombres que con pasamontañas y en una camioneta negra le habían dado varias vueltas a la ciudad y posteriormente se lo había llevado. Esa fue la noticia con la cual las emisoras locales de radio despertaron a sus oyentes…
No obstante, a los pocos minutos y cuando ya la audiencia estaba conmocionada y en disposición de colaborar para ayudar en la búsqueda del niño, Sebastián Orozco de Ávila, se conoció la infausta noticia: había aparecido muerto a orilla del río Guatapurí, en la zona conocida como “Zapato en mano”.
De la conmoción se pasó a un estado de sorpresa, indignación y rechazo. Inmediatamente, las autoridades comenzaron a investigar el hecho y a indagar sobre el mismo a familiares, conocidos y posibles testigos, tanto del eventual secuestro como de la forma en que el cuerpo del niño llegó al sitio donde fue encontrado.
Por supuesto que la comunidad vallenata y cesarense, como también el país, espera que las autoridades investiguen, con celeridad y eficiencia, las causas que rodearon la muerte del niño Sebastián Andrés; y que sobre los responsables de este execrable crimen caiga todo el peso de la ley.
No obstante lo anterior, más allá de las investigaciones y el respectivo castigo que deben recibir los responsables de este grave hecho, la trágica y repudiable muerte de este bebé, debe motivar una reflexión a fondo sobre la sociedad en la que vivimos, sobre el en torno en el cual construimos nuestra cotidianidad y el futuro de nuestros hijos y nietos.
Luego de tanto avanzar en la promulgación de leyes de protección a los niños y niñas, de promoción de sus derechos y de convertirlos, en buena hora, en prioridad en todas las políticas públicas de asistencia social, ocurran crímenes tan horrendos como la muerte de un niño inocente e indefenso.
Nos preguntamos, ¿Hasta dónde protegemos, de verdad, la maternidad?. Hasta dónde la pobreza, la marginalidad y la sexualidad temprana e irresponsable están en muchos sectores y estamentos de nuestra ciudad y nuestro departamento?.
¿Dónde está la defensa de la paternidad responsable?; ¿Cuál es la protección y la orientación que reciben por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las madres adolescentes o aquellas que se ven involucradas en casos de violaciones o en embarazos no deseados?.
Este caso, la triste muerte de Sebastián Andrés, debería ser un principio para repensar sobre la situación de miles de niños y niñas en Valledupar y el Cesar, hoy desprotegidos, víctimas insalvables de la pobreza, la marginalidad, la violencia intrafamiliar y el maltrato.
¿Hasta donde hemos sido liberales, en extremo, con la vida sexual temprana de nuestros adolescentes?. ¿Qué estamos haciendo por la protección de la familia y la construcción de unos valores morales que promuevan la dignidad y el respeto del ser humano, aún en las condiciones de pobreza y de limitaciones?.
Este hecho debe servir, reiteramos, para aunar esfuerzos entre las instituciones del Estado encargadas de velar por la protección de la familia y – en particular- de los niños, y también de las instituciones y fundaciones privadas, para convertir, en serio, la protección de la maternidad responsable en un asunto de todos y – en consecuencia- la protección de los niños.