El 6 de enero de 1915, en plena Revolución Mexicana, la facción comandada por Venustiano Carranza promulgó en Veracruz una ley agraria que introdujo formalmente el ejido y, sin proponérselo, marcó el rumbo de la reforma agraria más extensa en la historia moderna de América Latina. Desde entonces, 106 millones de hectáreas, de las 200 que tiene el país, fueron adjudicadas a no menos de 20 millones de indígenas y campesinos mexicanos. Pero como la creencia de que la organización comunal de la propiedad agrícola funcionará bien por razones culturales de carácter congénito o históricas, no es más que un esencialismo peligroso, dicha reforma no logró el bienestar perseguido, indujo a privatizaciones de hecho, generó un mercado ilegal del suelo y los campesinos siguieron en la pobreza extrema.
Pero mientras en México se modificó por ello el Artículo 27 constitucional en 1992 para convertir al ejido en propiedad privada, en Colombia, casi 80 años después, se desató una interpretación acomodaticia de los artículos 63 y 64 constitucionales y de la Ley 160 de 1994, hasta el punto de que el país se descuartizó sin que nos diéramos cuenta.
De las 114 millones de hectáreas de suelo nacional, 32 millones se entregaron a resguardos indígenas, de acuerdo con cifras del Incoder a 2012, que no reúnen más de un millón 300 mil personas y de las cuales 5 millones tienen vocación productiva, casi la misma extensión dedicada a la agricultura en todo el país. Como si fuera poco, 5 millones 400 mil se titularon a comunidades negras y 831 mil son Zonas de Reserva Campesina, eso sin contar con lo que se habría comprometido el Gobierno en aprobar como resultado de los puntos 1.6., 1.10.5 y 1.10.6 de los acuerdos de La Habana.
Pero no les basta. Quieren más y por eso ampliar los resguardos y más tierra figuran entre los principales puntos del pliego petitorio del movimiento indígena y la Cumbre Agraria. Sin embargo, el problema no es que la tengan sino la ociosidad y escasa productividad. Claro que no les importa, porque no pagan predial. Su cosmovisión y otras costumbres las asumimos caras todos los colombianos con la compensación multimillonaria que se hace del presupuesto nacional a los municipios con resguardos indígenas. Una ganancia por partida doble, porque también rentan sus tierras y obtienen los correspondientes dividendos.
Como el esquema es tan efectivo, y el Gobierno es susceptible al chantaje, entonces se extendió la “compensación a territorios colectivos de comunidades negras” en el Artículo 255 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Es decir, el único estímulo a la productividad que se avizoraba en los acuerdos de La Habana, el 1.9 de formación y actualización del catastro e impuesto predial rural, no es tal porque es solo para los que pagan impuestos.
Ya quisieran las 563 mil familias productoras de café, con el doble de la población indígena, que durante décadas se han quebrado el lomo en las laderas del país, contar con varios millones de hectáreas y no con las 936 mil que hoy dedican a la caficultura.
Pero tampoco les basta que tengan salud y educación gratis; que en virtud de las participaciones que les otorga la Constitución a los resguardos indígenas se les gire 168.720 millones de pesos en el 2016, según Planeación Nacional, sin perjuicio de lo que departamentos y municipios también les asignen. Recursos que como ha dicho la Contraloría General de la República, y la Secretaría de Planeación de La Guajira para el caso de los wayúus -que ya es mucho decir que se pronuncie-, son ejecutados sin transparencia y benefician solo a unos pequeños grupos.
Tampoco les basta ni les importa que las consultas previas se hayan convertido en un mecanismo extorsivo que frena numerosos proyectos de inversión, como lo muestra el informe de la revista Semana. Quieren más, más subsidios y subsidios y subsidios. Y no les importa, porque el autonomismo de los indígenas y el proyecto criptocomunista del pliego de peticiones de la Cumbre Agraria son propios de voraces y desbocadas burocracias ejecutoras de proyectos que necesitan mostrarse y para las cuales no interesa la viabilidad o el futuro del país.
Es urgente que el Gobierno se ponga los pantalones, porque esto es una muestra de lo accidentado que puede resultar el posacuerdo sin estar vacunados del populismo, el indigenismo y el agrarismo extremos.
Por John Mario González