La Corte Constitucional aprobó hace cuatro años la Ley 1424 de 2010, que provee de un marco jurídico para resolver la situación judicial de los paramilitares que no cometieron delitos de lesa humanidad y no fueron incluidos en el proceso de Justicia y Paz. Esta norma también recayó en los pueblos indígenas.
En Valledupar, la Fundación Universitaria del Área Andina, en alianza con el Centro de Memoria Histórica, realizaron un taller interinstitucional denominado “Capacitación acerca de la implementación de la Ley 1424 de 2010 con Pueblo Indígenas”.
“La idea es que a través de esta capacitación tengamos las herramientas necesarias que nos permitan atender aquellos hombres y mujeres de estos pueblos (indígenas) que hicieron parte de grupos armados ilegales, en el marco del conflicto armado, y que se puedan atender respetando sus creencias, costumbres y convicciones”, declaró el coordinador regional del Centro Nacional de Memoria Histórica, Abimael Sánchez Villalobos.
La Ley 1424 busca que a los cerca de 25.000 desmovilizados de grupos irregulares se les suspendan órdenes de captura y condenas vigentes en su contra, siempre y cuando no hayan cometido delitos de lesa humanidad. Los implicados deberán, a cambio, contribuir con la construcción de la verdad, en un mecanismo que no tendrá consecuencias jurídicas ni penales, y suscribir compromisos con los programas de reintegración ofrecidos por el Estado.
A esto, Sánchez Villalobos explicó que hay alrededor de 60 a 70 miembros de comunidades indígenas que hicieron parte de grupos al margen de la ley en el Cesar, pero a ellos las entidades judiciales como la Fiscalía, los cita a escuchar sus declaraciones, pero estos no asisten a las indagatorias porque dicen tener su propia jurisdicción indígena.
Por esa razón, en esta actividad el objetivo era sensibilizar a los miembros de la Mesa Interinstitucional del departamento sobre las posibilidades de encuentro entre las jurisdicciones ordinarias e indígenas a partir del mecanismo no judicial de contribución a la verdad.
La Mesa Interinstitucional para la implementación de la ley 1424 de 2010 en el Cesar está conformada por miembros de la Fiscalía General de la Nación, Agencia Colombiana para la Reintegración, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Dirección de Acuerdos de Verdad – Centro Nacional de Memoria Histórica y Estudiantes del Programa de Derecho.
Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
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