La Oficina Asesora de Planeación de Valledupar convocó para este jueves a la veeduría, gremios, instituciones y ciudadanía a la socialización de la revisión parcial y modificación excepcional de las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Valledupar.
Este proyecto es ejecutado por la Universidad del Magdalena a través del contrato interadministrativo N° 1001-SGR-2022, el cual inició en agosto de 2022 y terminará el 30 de noviembre de este año, aunque el plazo inicial era de 5 meses.
LA INCONFORMIDAD
Luego de que los funcionarios de la Universidad expusieron que alrededor del 80 % de las motivaciones para la modificación responden a determinantes ambientales (como la adopción del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Guatapurí y la ampliación del Parque Natural Sierra Nevada de Santa Marta), así como los estudios de amenaza y riesgos, entre otros productos, algunos asistentes expresaron su inconformidad ante el contenido de los mismos.
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Carlos García, exalcalde de Valledupar, y Alberto Gutiérrez, coordinador de la veeduría, afirmaron que la metodología no se llevó a cabo como indica este contrato cuyo costo es de $3.000 millones, y ha tenido 3 prórrogas.
“Esto no ha tenido un proceso de acercamiento con los gremios. Como veeduría le pedimos a la administración que socializara de manera secuencial porque tenían muchos productos. Hoy hacen una exposición con una cantidad de información que no es posible procesar en un tiempo tan corto”, aseveró Gutiérrez.
LA MODIFICACIÓN
La modificación excepcional del POT es un proceso legal que permite realizar cambios específicos en las regulaciones de las normas urbanísticas, según información oficial.
PDF- Vea la presentación de la socialización de la revisión del POT.
En este caso, el objetivo es modificar el Acuerdo 011 de 2015 que contiene las normas vigentes para el municipio, para cumplir con ello fueron contratados 15 productos, estos son:
1. Documento de seguimiento y evaluación al POT vigente, expediente municipal de Valledupar; 2. estrategia de comunicación y participación ciudadana; 3. diagnóstico territorial; 4. documento de formulación y 5. memoria justificativa.
6. Cartografía del POT de diagnóstico y prospectiva; 7. estudios básicos de amenazas; 8. estudios detallados de riesgos; 9. perfil de cambio climático; 10. plan de gestión del riesgo; 11. dinámica poblacional; 12. análisis de demanda de vivienda; 13. estudios específicos financieros y cargas urbanísticas; 14. análisis del reparto de cargas y beneficios entre unidades de actuación urbanística, y 15. proyecto de acuerdo de modificación excepcional.
Según el jefe de Planeación, Armando Fontalvo, estos documentos reposan en la Alcaldía Municipal. Sin embargo, Gutiérrez insistió en que cada uno de esos estudios técnicos fueran analizados por los gremios y universidades para entenderlos y emitir un concepto sobre ellos.
“Hoy lo que nos están presentando es un embuchado de muchas cosas al mismo tiempo y seguimos con las mismas inquietudes. Si es una modificación solamente por el POMCA, y no podemos pensar en otra cosa porque sería revisión ordinaria, entonces todo lo que se pueda adicionar sería un mico, aprovechando que va a salir una modificación a través del Concejo Municipal”, puntualizó Gutiérrez.
SOCIEDAD DE INGENIEROS
Esta y otras reacciones durante la jornada generaron discusiones entre los ponentes y los asistentes. Sin embargo, Nancio Galván, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Cesar, llamó la atención de la administración municipal y la contratista.
“No tiene que ser motivo de molestia la intervención de los ciudadanos, al contrario, debemos agradecer la participación en estos temas que nos afectan a todos, en eso debe consistir una socialización, no en que nos cuenten una historia y que al final todo el mundo se vaya o que haya un comité de aplausos”, expresó Galván.
CONCEPTOS DEL ÁREA METROPOLITANA Y CORPOCESAR
Por su parte, Fontalvo aseguró a EL PILÓN que el 21 de septiembre de este año fue radicada la solicitud para la concertación con la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) y el 22 del mismo mes en el Área Metropolitana de Valledupar.
La primera entidad tiene un plazo de 45 días para emitir un concepto y recomendaciones, y la segunda 30 días a partir de la radicación.
Luego de ese proceso, el proyecto podrá ser presentado ante el Concejo Municipal. Sin embargo, podría haber un giro en la aprobación de los documentos, puesto que la Contraloría Municipal está revisando una denuncia anónima relacionada con la ejecución de los mencionados productos contratados por la Alcaldía con la Universidad del Magdalena.
Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN.