Con expedición de acto administrativo
Mediante la expedición de la resolución 1952 por parte del Incoder, se inició formalmente el proceso de constitución de una Zona de Reserva Campesina en el departamento del Cesar, con influencia en los municipios de Curumaní, Pailitas, Chimichagua y Chiriguaná.
El acto administrativo, expedido el 26 de septiembre por la Gerencia General del Incoder, permite iniciar el trámite para seleccionar, delimitar y constituir la ZRC en los mencionados municipios, de acuerdo con la ley 160 de 1994 y el decreto 1777 de 1996.
La determinación del Incoder para el departamento del Cesar, es el comienzo de un proceso inusual en el país, pues se dará a partir de un trabajo paralelo de sustracción de áreas de reserva forestal, sujetas a la regulación de la ley 2ª de 1959, de por lo menos 125.463 hectáreas para constituir la Zona de Reserva Campesina.
Dicha área a sustraer, hace parte de la Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones, caracterizada por poblamiento de colonos, campesinos y comunidades de desplazados, con características y problemáticas ambientales, agroecológicas y socioeconómicas con diversos arraigos, en donde se buscará, a partir de la constitución de la Zona, facilitar las condiciones para la permanencia y consolidación de las comunidades y su avance productivo, social y comunitario.
Proceso
La idea de constituir una Zona de Reserva Campesina en Cesar, comenzó a generarse en febrero de 2011 en Valledupar, en desarrollo de un conversatorio, por iniciativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con la participación de diversas entidades y las organizaciones campesinas, en torno a la cual se expusieron los contenidos básicos de la figura de ZRC.
Como resultado de los acuerdos, el 30 de mayo de 2011, el Ministerio de Agricultura le presentó solicitud al Incoder para la conformación de la zona, con la sustracción simultánea de las áreas de la Zona de Reserva Forestal.
Otro avance en el proceso, lo generó el Ministerio de Medio Ambiente este año al divulgar la resolución 0629, mediante la cual estableció los requisitos y el procedimiento para la sustracción.
Con todas las acciones anteriores, y el respaldo unánime de la Mesa de Tierras del Cesar y las instituciones interesadas en el proceso, se logró gestionar y firmar un acuerdo de cooperación técnica entre el PNUD y el Incoder, por $400 millones, para la elaboración de los estudios socioeconómico y ambiental, según la resolución 293 de 1998, emanada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Todo lo anterior constituyó la base legal del proceso que se adelanta actualmente en la zona.
Motivados por la dinámica en desarrollo, en junio de este año se sumó la firma de un acuerdo de voluntades que involucró a los actores comprometidos territorialmente al proceso: Incoder, Gobernación del Cesar, Penud, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, los municipios y las comunidades, todos los cuales de manera manifiestamente comprometidos.