El gobierno de Gustavo Petro madrugó a presentar ante el Congreso de la República su propuesta de reforma tributaria. Efectivamente, como lo hemos informado, analizado y comentado en EL PILÓN, Colombia afronta un serio problema en sus finanzas públicas, un alto déficit, un alto endeudamiento, sin contar otros problemas, más penosos, que ameritan una cirugía profunda: la corrupción y la ineficiencia, entre otros.
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, radicó la reforma con un mensaje muy claro: se requieren 25 billones de pesos, es decir, 1,7 puntos del PIB. Pero el déficit fiscal, que es decir la diferencia entre ingresos y gastos del estado, se estima en cinco o seis puntos del PIB. Las cifras hablan por sí solas.
Ocampo Gaviria, quien asistió a un evento de la Andi, en Cartagena, esta semana, fue tajante: acepto alternativas, pero sobre el monto no hay discusión: 25 billones de pesos. Según ha explicado el ministro, y también el nuevo director de la Dian, Luis Carlos Reyes, serían: 8,1 billones en más impuestos a las personas naturales, 5,1 billones a las personas jurídicas (es decir las empresas), 7 billones de mayores tributos al sector minero y petrolero, 2,5 billones a bebidas azucaradas y alimentos procesados, principalmente. Se acaba el Día Sin Iva, y por esa sola decisión el Estado se ahorra cerca de cuatro billones de pesos, a razón de un billón por día.
Sobre la necesidad de los recursos no hay ninguna duda; los costos de atención de la pandemia, en apoyo a familias y personas, implicaron un aumento en los gastos del Estado colombiano y en su endeudamiento hasta niveles nunca visto. La pandemia del Covid 19 es la mayor emergencia sanitaria del mundo en los últimos cien años, igualmente su impacto económico es solo comparable a la crisis de 1929.
Pero, la problemática fiscal debe implicar también medidas en materia de la estructura, los costos y el tamaño del Estado, los niveles y calidad del gasto social, la deuda pública, la lucha efectiva contra la elusión, la evasión de impuestos, y la misma corrupción e ineficiencia.
Consideramos, también como empresa contribuyente, que se debe analizar el impacto de la reforma propuesta en materia de inversión y generación de empleo. La tasa del impuesto de renta para las empresas, que hoy está en el 35 por ciento, en promedio, nos parece bastante alta y se debería revisar, teniendo en cuenta que se van a eliminar muchas exenciones. Ese debe ser punto esencial del debate: la tasa de tributación a las empresas, que son las que generan empleo y que están en una situación difícil, desde antes de la pandemia.
El gobierno ha dicho que se gravarán las pensiones públicas más altas. Además, ha propuesto un aumento en las ganancias ocasionales y en los impuestos a las herencias, hasta del 30 por ciento. Ese es otro punto de cuidado. El Congreso es el escenario ideal para el debate tributario y fiscal, allí se deben escuchar a empresarios, expertos, trabajadores y a las diferentes bancadas políticas. Urge revisar el monto de los subsidios que el Estado gira a millones de familias.
EL PILÓN estará presto a colaborar con la debida información, debate, interpretación y análisis de un tema tan complejo y tan sensible. Como dice el refrán se debe tener cuidado de no matar a la gallina de los huevos de oro: nuestro frágil sistema empresarial.