Con algo de tristeza y de incredulidad ha sido recibido en el país, los últimos acontecimientos sobre el caso del General Mauricio Santoyo Velasco, quien se declaró culpable ante la Justicia de Estados Unidos del delito de colaborar con los grupos terroristas de extrema derecha, mas no de narcotráfico.
Y decimos tristeza ya que va más allá del problema personal de un Oficial, de un General de la Policía Nacional, que fue Jefe de Seguridad del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Se trata de un duro golpe al anterior gobierno, claro está, pero también a la imagen del Estado y del país en el exterior.
Es necesario advertir que con el caso de este General retirado de la Policía Nacional, se amplía el número de personas del círculo del Presidente Uribe que hoy tienen serios problemas con la Justicia. Basta recordar el caso de María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS, y de Bernardo Moreno, ex secretario General de la Presidencia de la República, Luis Carlos Restrepo, ex comisionado de Paz, los tres están hoy huyendo de la justicia colombiana; Jorge Noguera, ex director del DAS, hoy detenido en Bogotá.
Lo anterior demuestra, lamentablemente, hasta que punto esos grupos al margen de la ley permearon altas esferas del Estado y del alto gobierno durante la administración de Uribe Vélez. Además, en el caso de Santoyo hay que precisar que trabajó con Uribe desde la época en que este fue Gobernador de Antioquia.
El hecho ratifica la gran connivencia que se ha vivido el país, entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y algunos grupos armados de la extrema derecha y las llamadas autodefensa, que llegó también al Congreso de la República, a muchas alcaldías y a otros gobiernos locales, y a otros estamentos del Estado.
Se requiere que el Estado supere este serio problema, ya que ha quedado demostrado que la superación de la violencia se debe realizar con los instrumentos legales e institucionales del Estado, y que no se justifica acudir a este tipo de grupos y prácticas que terminaron por meter a varios funcionarios y dependencias del Estado en problemas serios de ilegalidad y en la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
La declaratoria de culpabilidad de Santoyo implica que tendrá que denunciar a otros oficiales de la Policía y del alto gobierno, también por presuntos nexos con estos grupos, algunos de cuyos restos aún siguen operando con otros nombres y con otros fines. Es decir, que esta historia apenas está comenzando y que otros generales retirados o activos, y otros funcionarios del Estado se podrían ver en líos también con la Justicia de los Estados Unidos y las implicaciones jurídicas, políticas e internacionales de este caso seguirán creciéndose y aumentando. Lamentablemente.