La pandemia del covid-19 en nuestro país ha destapado las falencias de su gente, entre la cual, sin duda alguna, solo una minoría es meritoria de clamoroso aplauso, especialmente los profesionales y trabajadores del sector salud, cuyas vocaciones y benevolencias son incomparables. Ante ellos, con suma reverencia, todos los compatriotas deberíamos quitarnos el sombrero inclinando medio cuerpo.
Indiscutiblemente, en nuestro país impera la incivilidad, lo más pavoroso es que tal desvergüenza sobresalga en las personas ilustradas con alto nivel educativo; es decir, educación universitaria. Lo más vergonzoso es que el común denominador sea la ambición desmedida por el dinero y demás bienes materiales; mejor dicho, el arribismo a ultranza. Mejor dejemos esto hasta aquí para no meterme en camisa de once varas. Por tanto, prefiero escribir sobre un tema de mayor confort para mí, como es la reforma al sistema de salud colombiano.
Entre las exigencias ciudadanas, en el paro nacional, estuvo la solicitud de retirar del Congreso de la República el proyecto de Ley 010, mediante el cual se pretendía reformar el Sistema de Salud colombiano, que según múltiples opiniones no comprende la solución de los problemas y necesidades actuales, ya que a tales tópicos los trata de manera insustancial, y a claras luces se concibe que su principal objetivo es la búsqueda de una mayor privatización de la atención de la salud de los colombianos.
Para la prestación esmerada de servicios de salud a la población pobre se requiere la disponibilidad de hospitales públicos bien dotados en infraestructuras, tecnología moderna, personal capacitado, presupuestos de subsistencias, vigilancia y control de la corrupción que, desafortunadamente, es uno de los peores obstáculos que menoscaba la eficiencia de la red pública de servicios de salud.
El profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública, Juan Eduardo Guerrero Espinel, advierte que la reforma plantea un fondo que busca amparar las deudas de las EPS, que, si bien es conveniente para financiar los requerimientos del sector salud, se pone en manos privadas y esto es lo que preocupa, pues con la Ley 100 de 1993 hemos visto como se han ido acabando los centros y puestos de salud y hospitales públicos, que han quedado en manos privadas.
El manejo de recursos debe tener un balance entre lo público y lo privado y desaparecer todo lo que significa negocio con la salud, porque esto no trae buenas consecuencias para la población vulnerable.
En conclusión, con el Proyecto de Ley 010, ya retirado del Congreso, se permitía que las EPS enviaran todos sus pacientes a sus clínicas privadas, entonces el negocio sería redondo.
Personalmente, siempre he calificado al sistema de salud establecido por la Ley 100 de 1993 como un sistema criminal, por consiguiente fue una de las causas por las cuales me retiré del ejercicio de mi especialidad médica (cirugía general), porque todos los actores del sistema procuran sacarle lucro y tal ganancia produce detrimento a la atención de los pacientes y la prevención de las enfermedades; en realidad, sentía que en vez de estar ayudando a curar a los enfermos, más bien estaba contribuyendo a que murieran, ya que negar servicios y atención oportuna para obtener utilidad económica es dejarlos morir.
Además, yo era propietario de IPS ya en ruina por recaudo insuficiente y con deuda en mora de 6 meses de la nómina del personal asistencial y administrativo. Para colmo, en beneficio de los pacientes exigía medicamentos eficaces y realizaba procedimientos quirúrgicos sin autorización previa de las EPS, cuyos valores me los glosaban (descontaban de mis honorarios) y, finalmente, yo quedaba debiendo. Por ende, me desvinculé de nuestro siniestro sistema de salud.