Son muchas las manifestaciones de rabia, impotencia e inconformidad, las que me han llegado esta semana por parte de muchos agricultores y ganaderos del país. Sienten que, tanto el gobierno, como sus gremios, los han dejado solos en medio de tantas dificultades que atraviesan.
Durante los primeros meses de este año, la mayoría de los empresarios del campo han sentido un bajón de sus ingresos por cinco factores fundamentales: i) la caída de los rendimientos por unidad de tierra y de animal, por causa del fenómeno del El Niño; ii) las extorsiones de los grupos armados ilegales; iii) los altos costos de transporte; iv) la carga tributaria, y v) el desplome de los precios del mercado, por causa de la avalancha de importaciones subsidiadas y sin aranceles. En el último año, el precio de la yuca al agricultor ha caído en un 53 %, el maíz en un 41 % y la leche, en un 22 %, por la entrada de los contingentes de importación de estos productos, previo a las temporadas de cosechas o mayor producción de leche.
Para contrarrestar estos problemas, solo se requiere de voluntad política y sentido común de las cosas. Desafortunadamente, ambas escasean en este gobierno y, por el contrario, cada día, generan más incertidumbre jurídica y desconfianza inversionista. El más claro ejemplo, sucedió esta semana con la aprobación en la plenaria de la Cámara de Representantes, de la nueva Jurisdicción Agraria y Rural, y el lanzamiento de un programa que lanzó la jefe de la cartera agropecuaria, bautizado con el nombre “Confianza Colombia”. El primero pretende sustituir -por principios de ideología-, la institucionalidad judicial creada por la Constitución de 1991, y el segundo, crear un nuevo esquema institucional de manejo de los dineros públicos de inversión al sector agropecuario.
Cuando uno analiza la Resolución No.124 del pasado 17 de mayo de 2024, que reglamenta dicha iniciativa, lo que vemos es una estrategia política repleta de pseudo-soluciones utópicas que apenas contribuyen a confundir a los agricultores y a perpetuar los problemas del campo. Al final del texto, lo que uno concluye, es que, lo que pretenden es entregar, bajo criterios políticos, de forma arbitraria e injusta, todos los recursos de ayudas, incentivos, subsidios y parafiscales. De hecho, ya lo están haciendo. En la página web del ministerio de Agricultura, hay un anuncio donde dicen haber entregado $32.000 millones en proyectos productivos en la Región Caribe. Claramente, esos recursos no van a tener ningún impacto en los propósitos del programa de la ministra. Desafortunadamente, la Contraloría General de la República, no está aplicando el control fiscal preventivo.
Lo más triste de todo es esto, es que el club de burócratas del agro, que, en el gobierno de Iván Duque, ponían ministros de Agricultura, se apoderaban de las juntas directivas y de los cargos directivos de las entidades adscritas al ministerio, hoy no sean capaces de unirse para defender los intereses de los productores del campo, que al final del día, son quienes les pagan los onerosos sueldos en cómodas oficinas en Bogotá. Como dicen en mi tierra, los agricultores y ganaderos, quedaron huérfanos de padre y madre.
Por: Indalecio Dangond
Consultor en crédito de fomento agroindustrial.