La llegada de inmigrantes venezolanos se convirtió en un reto para las instituciones públicas del país, principalmente para Migración y Salud. Por ser el Cesar foco de atención ante la llegada de inmigrantes, el pasado miércoles 5 de diciembre, en el auditorio Luis Rodríguez Valera de la Gobernación del Cesar, autoridades departamentales y municipales compartieron con enviados de la Cancillería los datos sobre la atención de inmigrantes y los retos que representan.
En la parte central de la mesa estuvo la secretaria de Salud Departamental, Esmeralda Guardias, encargada de exponer la situación de la prestación del servicio de salud a la población venezolana.
Los lineamientos de la Corte Constitucional determinan que la protección social “no depende de la condición del ciudadano, sino de la condición de ser humano”, por ende, las instituciones de salud están obligadas a prestar el servicio a nacionales e inmigrantes sin importar su condición legal.
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En consecuencia, según el reporte entregado por las ESE departamentales (Empresas Sociales del Estado) a la Secretaría de Salud, la atención de urgencia aumentó en un 634 % del 2017 a septiembre del 2018. En cifras detalladas significa que mientras en el año pasado la cantidad de pacientes de urgencias fue de 1.889, en los primeros nueve meses del presente año la cifra superó las 11.974 atenciones de urgencia a inmigrantes.
Más que el número de pacientes, el mayor reto para las prestadoras de servicio son los costos. En los datos de la Unidad de Atención de Riesgo están registrados más de 19.878 venezolanos en el Cesar. El crecimiento del 2018 en la atención de salud preocupa a autoridades por las “limitaciones de la salud departamental”.
Las Empresas Sociales del Estado facturan a la secretaría de salud departamental mensualmente cada uno de los gastos por atención. A corte del 30 de septiembre de 2018, las entidades de salud del departamento facturaron más de 11 mil 800 millones de pesos por conceptos de atención de servicios de urgencias, ambulatorios, entre otros, lo que significa un crecimiento exponencial de 3.051 % respecto al 2017 donde la cifra no alcanzó los $400 millones. “Las diferentes ESE y las Instituciones Prestadoras de Servicios, IPS, prestan toda la atención integral, pero esto sumado a la crisis que ya venían sufriendo, aportó para el desbalance financiero que hoy viven”, aseguró la secretaria de salud departamental, Esmeralda Guardias.
A nivel nacional hay registro de unas 38 mil atenciones en servicio de urgencia a inmigrantes provenientes de Venezuela. Junto al Cesar, departamentos como Norte de Santander y La Guajira son los que más servicios de urgencias han prestado.
En Valledupar la situación no es diferente
El Gobierno Nacional maneja cifras de un millón 32 mil venezolanos en territorio colombiano. El desafío para el sistema de salud radica en que el 95 por ciento no está afiliado ni registrado en el sistema, eso significa más de 980 mil personas imposibilitadas de recibir cualquier servicio de salud más allá de la urgencia. En la capital del Cesar hay más de 11 venezolanos censados que son atendidos principalmente en el Hospital Eduardo Arredondo Daza, de primer nivel, y el Hospital Rosario Pumarejo López, de segundo nivel. Por norma, ambos están obligados a ofrecer los servicios de urgencias a inmigrantes. Al ser de segundo nivel, en el Rosario Pumarejo terminan la mayoría de pacientes. De allí que su facturación supere los 12 mil millones de pesos. Hace pocos meses el giro nacional para el sector salud departamental fue de $1.200 millones, el 10 % del valor de la cartera solamente de un hospital, lo que para Leira Trujillos, especialista en temas de salud, eso imposibilita “ir más allá de la atención de urgencia”. “Ejemplo, han llegado casos de personas con Sida, pero solo podemos atenderlas de urgencia. No podemos ni tratarlas ni ofrecerles los medicamentos porque como no hay pagos nadie los suelta”, aseguró la secretaria de Salud de Valledupar, Elba Ustariz.